Frigorífico Guaraní tiene contratos vigentes de provisión de alimentos hasta fines de este año con los ministerios del Interior y de Justicia, pero lo llamativo es que el senador Luis Pettengill es aún accionista de la empresa. Su colega Celeste Amarilla lo denunció en las redes sociales por conflicto de intereses.
Al cuestionamiento que ya había hecho Amarilla sobre el voto de Pettengill a favor de recurrir a más deudas para pagar a proveedores del Estado, entre ellos la constructora vinculada a su familia, se suma otra empresa.
De acuerdo a la publicación de la legisladora, Frigorífico Guaraní había firmado el 26 de julio un contrato con la Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior. Es decir, cuando Pettengill ya había jurado como senador. En la declaración jurada difundida y a la cual se puede acceder a través de la página de la Contraloría General de la República, el senador figura con acciones en Frigorífico Guaraní por casi USD 14 millones.
De hecho, fuentes de la compañía dedicada a la fabricación de alimentos confirmaron que hasta hoy día el político sigue siendo accionista y además miembro del Consejo Directivo.
La última adjudicación, de compra de panchos para los policías, es de solo G. 100 millones, pero hay acuerdos anteriores que son millonarios y que están vigentes, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
Con la Policía Nacional, por ejemplo, tiene otra adjudicación para la provisión de carnes por casi G. 6.000 millones, de los cuales fueron pagados hasta el momento G. 4.800 millones. El contrato se firmó en noviembre del 2022 y finaliza a fines del 2023.
Sin embargo, es con el Ministerio de Justicia que el frigorífico tiene el contrato más abultado. Se trata de la provisión de chorizo, puchero y otros cortes vacunos para las cárceles, por casi G. 17.000 millones. Aparecen más de 20 notas que confirman que varias cargas de productos fueron entregadas, pero no se detallan los valores y tampoco los pagos realizados. Entonces, son compromisos pendientes que tiene el Estado con la firma del senador.
El documento también refiere que se podrá ejecutar el contrato hasta el último día de este año.
En total, los acuerdos vigentes suman adjudicaciones por casi G. 25.000 millones. ÚH intentó obtener la versión de Luis Pettengill vía telefónica a los contactos con terminación 10 y 65, pero no contestó llamadas ni mensajes.
Irregularidad. Según los datos de la Contraloría y de la DNCP, se puede deducir que el senador estaría violando la Ley N° 1626 de la Función Pública, que en su artículo 60 prohíbe a los funcionarios obtener concesiones del Estado, pero además va en contra de la propia Constitución Nacional, que inhabilita a ser candidatos a senadores y diputados a representantes de empresas que sean proveedoras de instituciones estatales, hecho que también denunció Celeste Amarilla.
La legisladora también mencionó nuevamente la Ley de Conflicto de Intereses, que en el artículo 20 inciso “a” establece el deber de los funcionarios de abstenerse en los casos “relacionados con las empresas o sociedades que hayan sido de su propiedad, hasta cumplidos 3 (tres) años desde el momento de la venta, conforme con lo establecido en el Artículo 19 de la presente Ley”.
En este sentido, la senadora insistió sobre la situación que involucra a la constructora 8A, donde Pettengill tenía acciones hasta marzo, si no también al alcance que puede tener sobre los contratos de Guaraní.
Empresa. Frigorífico Guaraní inauguró el año pasado su nueva planta en Limpio, donde invirtió alrededor de USD 35 millones en una moderna construcción.
