Molestos por el negro panorama que aún envuelve el futuro de la zona devastada por las obras del Metrobús, los frentistas de Fernando de la Mora se oponen a que la firma portuguesa Mota Engil se encargue de arreglar el tramo más afectado (Leopardi hasta Calle Última).
Pese a que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) busca poner en condiciones el área más conflictiva antes de rescindir el contrato con la constructora, los afectados insisten en que el proyecto debe quedar a cargo de alguna firma local.
“Lo que le pido a las nuevas autoridades es que rescindan el contrato. Ellos tienen que reconocer que se equivocaron (el MOPC) y, como todo error, hay que corregir. La mejor manera es que la empresa Mota Engil deje esta obra, sería tonto pensar que ahora va a arreglar”, expresó Raúl Vera a Telefuturo.
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El ingeniero Hernán Pankow, por su parte, apuntó que lo ocurrido se puede catalogar como caso de estafa y que los responsables deben ser sancionados. “Acá hay algo muy clave: 9% de las obras avanzaron y cobraron el 30%, eso es una estafa. Vamos a tratar de lograr que sean sancionadas”, sentenció.
Asimismo, los comerciantes de la ciudad exigieron cárcel para el ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, en cuya gestión fueron adjudicadas las obras del Metrobús.
Caos y peligro
Los frentistas comentaron que, además de ser un gran perjuicio económico, las obras inconclusas también representan un peligro, tanto para conductores como para peatones.
Los grandes pozos que se formaron en la zona ya se “tragaron” a más de un vehículo, dado que generalmente se encuentran cubiertos de agua y no permiten ver lo profundo que pueden llegar a ser.
Tal fue el caso de un joven que este sábado quedó atrapado en uno de los baches por algunas horas. En su desesperación, intentó maniobrar para salir, pero nada pudo conseguir. El vehículo tuvo que ser removido por una grúa.
En vista de esta situación, muchos conductores optan por transitar por las veredas, exponiendo así la vida de los peatones.
Negociaciones sin concluir
La reunión de negociación iniciada este viernes entre la cartera estatal y la firma portuguesa, y que llevó nueve horas, quedó sin concluir, pero continuará este sábado con intercambio de documentos.
Sergio Coscia, procurador general de la República y vocero de la reunión, explicó que lo que se busca es que la contratista habilite el tramo ya intervenido para la circulación, para que eso se concluya antes de diciembre. Sin embargo, no supo explicar cómo acelerarán las expropiaciones de la zona.
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Entretanto, el gerente del proyecto, Óscar Stark, admitió que no existen garantías de que la empresa concluya los tramos ya intervenidos.
Seguro de fiel cumplimiento
Otra cuestión que impide que el Estado rescinda el contrato es el seguro de fiel cumplimiento del contrato y del anticipo, ya que Obras Públicas deberá comprobar que existió incumplimiento por parte de Mota Engil. De ser así, la aseguradora Royal Seguros deberá desembolsar al Estado G. 30.741 millones, que es el monto que la constructora presentó como póliza de fiel cumplimiento de contrato. Pero, si hay rescisión sin comprobar incumplimiento, el seguro no se podrá ejecutar.
