Las expresiones del ministro del Interior, respecto de que Paraguay es “el país más seguro de América del Sur” y que él poco puede hacer contra la sensación de inseguridad que generan los hechos delictivos, nos enfrentan a una dura realidad, la de autoridades que desconocen las condiciones en las que vive la población. La inseguridad ante hechos de sicariato, violencia urbana y presencia del crimen organizado no debe ser un desafío para las autoridades, es su responsabilidad erradicarla. Eso se logra con trabajo y no con improvisaciones.
Resulta inaceptable la falta de rigor de una de las autoridades que debería estar trabajando por la seguridad de los ciudadanos. Enrique Riera, ministro del Interior, había asegurado que, según datos de un informe internacional, Paraguay es el país más seguro de América del Sur, y que dentro de toda América ocupa el sexto lugar. Veinticuatro horas después tuvo que admitir que no verificó los datos del mencionado informe internacional.
Así, mientras Enrique Riera contribuye a nuestra vergüenza como país, en medio de la Asamblea de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que se inició precisamente en una capital decadente, abandonada y prácticamente en la ruina financiera, los paraguayos y paraguayas siguen padeciendo a diario situaciones de inseguridad.
No pasa un solo día sin que los medios de comunicación reporten hechos de robos, atracos o asaltos en algún rincón del país. Los casos se acumulan y, al final, terminan convirtiéndose en anécdotas, mientras las víctimas y sus historias son olvidadas. Exactamente lo que había sucedido hace un año con Feliciano Mai Franco, un joven de 33 años, quien comenzó a trabajar para una plataforma de movilidad con su motocicleta. Para ello pidió un crédito y compró una nueva moto, ya que hacía tres meses sufrió el robo de otra motocicleta. A Feliciano le robaron la segunda moto, incluso antes de pagar la primera cuota. Su pesadilla no terminó con el robo, pues como no pudo comunicarse con el 911 pues nadie respondía, llegó hasta la Subcomisaría 5ª de Calle’i donde no quisieron tomar su denuncia y dijeron que no era la jurisdicción donde ocurrió el asalto. Mai Franco también –en esa ocasión– envió un mensaje a las autoridades del Gobierno pidiendo más seguridad para los trabajadores que día a día arriesgan su integridad. Resulta evidente que autoridad alguna escucho su pedido.
Esta es la triste realidad que se vive en el país y no va a ser modificada con supuestos datos de presuntos informes internacionales. Los paraguayos viven agobiados por la inseguridad, los robos y asaltos de motochorros están a la orden del día y las personas que sufren el efecto de la ola de delincuencia se saben abandonadas por sus autoridades.
Para enfrentar esta situación y para hallar soluciones a la realidad se precisa trabajar mucho y manejar datos con rigor, sin eso no será posible trazar planes y estrategias. Por eso es inaceptable que un ministro encargado de la seguridad interna sostenga tantas barbaridades, como cuestionar datos del Ministerio Público que hablan de las denuncias de hurto y hurto agravado sosteniendo que el hurto no es violencia porque “te roban cuando estás durmiendo, el robo a mano armada sí es violento”.
Datos de la Fiscalía señalan que cada hora se cometen 10 asaltos: Robos de vehículos, motocicletas y hurtos domiciliarios, totalizando en lo que va del año 39.112 denuncias de hechos contra la propiedad, lo que equivale a 257 casos por día.
La población necesita autoridades serias y comprometidas que trabajen para construir un país con bienestar y calidad de vida, y no ministros que digan que 90.000 jóvenes con menos de 25 años “en manos de las drogas”, “son responsables del 80% de los delitos que tenemos”.
Para vivir en un país seguro, el Gobierno no debe combatir a los jóvenes adictos sino al narco y al crimen organizado. Debe ofrecer oportunidades de educación, salud y empleo dignos para todos los jóvenes paraguayos sin importar su afiliación partidaria. Debe eliminar la corrupción y el nepotismo que solo favorece y ofrece las mejores oportunidades a los hijos e hijas de políticos amigos y parlamentarios del partido de Gobierno.
