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Foro Social pide intervención de 70 colonias del Indert en Alto Paraná

El Foro Social Alto Paraná, que aglutina a campesinos organizados de diferentes distritos, pidió la intervención de las 70 colonias creadas por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) en Alto Paraná. Los labriegos aseguraron que el 60% está en manos de personas que no están sujetos a la reforma agraria.

“Nosotros queremos la intervención de las 70 colonias, que se cumpla el estatuto agrario y la ley que penaliza la especulación sobre las tierras públicas y reconstruir la comunidad campesina, porque nuestros compañeros que se quedan un poco terminan saliendo, corren porque no hay condiciones necesarias y dignas para vivir y trabajar”, explicó el dirigente campesino Tomas Zayas.

Señaló que están haciendo un llamado a todos esos campesinos que se vieron obligados a correr de sus tierras.

“Hacemos un llamado a todos ellos a quienes les llamamos refugiados ambientales, reconocidos por las Naciones Unidas y organismos internacionales de Derechos Humanos. Si logramos reconstruir la comunidad en las 70 colonias y otras que no están dentro de esa lista ya es un avance importante, pero nosotros queremos que el Estado recupere lo suyo”, indicó.

Cifras sobre tierras que no son sujetas a la reforma

Zayas explicó que de acuerdo a los datos recogidos por el Foro, en Alto Paraná existen más de 200.000 hectáreas de tierras públicas en poder de personas que no son sujetas de la reforma agraria.

El dirigente campesino explicó que tienen organizados y censados a 8.000 familias y estiman que son unas 15.000 las que necesitan de un pedazo de tierra donde vivir y trabajar en diferentes distritos del departamento.

“Eso significa una necesidad de aproximadamente 150.000 hectáreas de tierra, con lo cual ya se puede solucionar la demanda existente. Pero nosotros sabemos que más de 200.000 hectáreas de tierras públicas están en poder de la mafia, si solo se recupera eso se puede resolver el problema de la tierra en Alto Paraná", refirió.

Así también, denunció por ejemplo, que la reserva nacional Kuri'y de 2.000 hectáreas, creada en el año 1973 por decreto del Poder Ejecutivo, se encuentra en el distrito de Santa Rosa del Monday.

“Esa reserva fue creada porque se encontró un tipo de pino, único en su género en ese lugar, actualmente es pura soja y es reserva nacional, eso a modo de ejemplo. Nosotros estamos documentando y vamos a exigir al Congreso Nacional la creación de una comisión de investigación de las tierras malhabidas donde vamos a denunciar y recuperar”, aseveró.

También aclaró que como organización no tienen un plan de invasión de propiedades privadas. “Queremos exigir al Estado que movilice al Poder Judicial, al Congreso, a las Fuerzas Armadas y recuperar las tierras”, sostuvo.

Adelantó que van a presentar estas y otras reivindicaciones a un grupo de senadores y diputados que están invitados a participar de un acto que se realizará este viernes en la casa de Gobierno Departamental.

“Este viernes será nuestro encuentro en el patio de la Gobernación donde vamos a analizar la crisis agraria, problemas y alternativas. Vemos con mucha preocupación la situación de las comunidades campesinas e indígenas, que se encuentran en medio de una dura ofensiva. Inútil, haragán y delincuente eso es lo que escuchamos de un sector”, señaló.

Comentó que la situación será analizada con diputados y senadores. “En este caso para ese encuentro del viernes invitamos a los legisladores de ambas cámaras y estarán con nosotros".

Campesinos en grave situación

Insistió que hay una situación grave con los campesinos paraguayos en Alto Paraná, porque asegura que se violaron todas las normas que protegen a la comunidad. Mencionó que el Estado paraguayo adquirió 282.000 hectáreas de tierra distribuidas en 70 colonias y actualmente el 60% está en poder de productores sojeros.

“El estatuto agrario dice claramente que las tierras adquiridas son para crear nuevas colonias destinadas a la agricultura familiar en un ambiente sostenible”, afirmó.

Recordó además que en el año 2012 se sancionó una ley que penaliza la especulación sobre tierras del Estado con hasta 5 años de cárcel.

“Si yo vendo o alquilo tengo que irme preso, lo mismo el escribano y el funcionario involucrado, eso dice la ley, pero es letra muerta, después está el problema ambiental y después está el aspecto político y económico”, finalizó.

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