La denuncia es contra 27 personas líderes de comunidades indígenas en la zona, entre ellos, contra el líder Mariano Benítez, de la comunidad Guaviramí, quien se presume que es uno de los responsables de los hechos.
La investigación ahora tiene el compromiso de la fiscala adjunta, Fabiola Molas.
“Agotamos todas las vías de asistencia social disponibles para estas comunidades, incluyendo la gestión de programas estatales y ayudas directas, sin que ello haya generado cambios significativos en la situación de riesgo que enfrentan las niñas, niños y adolescentes”, explicó el ministro de la Niñez, Walter Gutiérrez.
Por su parte, la viceministra de Desarrollo Regional, Diana Argüello, explicó que cuentan con el programa Abrazo en esa comunidad, y ya no hay necesidad de enviar a los niños a la calle.
Tienen cuidado y alimentación, pero continúa la situación grave.
“Estamos haciendo énfasis en la protección que se le tiene que dar a los niños, niñas y adolescentes, con constancia que está desplegando el programa”, dijo.
Precisó que se prestan los niños para que vayan a las calles a pedir dinero, colocándoles en ciertos focos de concurrencia. Además, están los casos de abuso infantil.
