Opinión

Fondos sociales para blindar la vida

 Estela Ruiz Díaz En TW: @Estelaruizdiaz

Estela Ruíz Díaz Por Estela Ruíz Díaz
El proceso de vacunación a la población civil empezó con la marca país: más de 100 avivados, sinvergüenzas, por decir lo menos, se aplicaron la primera dosis de la vacuna que no les correspondía. Sucedió en Presidente Franco, Alto Paraná, en el predio de la universidad, propiedad de la familia del gobernador colorado, Roberto González Vaesken.

La convocatoria del Ministerio de Salud fue para adultos mayores de 85 años y más. No había dudas ni confusiones en el mensaje. Uno de los privilegiados fue nada menos que el decano de Derecho de la Universidad Privada del Este, Lulio Gamarra. “Me aproveché de la situación para vacunarme. Tengo 67 años. Me llamaron, fui y no había mucha gente. Pensé que habilitaron ya para otras edades”, chicaneó el ex fiscal con pasmoso cinismo. Y así como él, un centenar de personas descaradas, carentes de empatía se apropiaron de las vacunas destinadas a la franja más vulnerable de la población.

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Esto sucedió y volverá a suceder. Con la politizada salud pública, donde las autoridades sanitarias responden más a los caciques políticos que a la gente, lo de Alto Paraná es el vaticinio de futuros episodios, en el contexto terrorífico de la escasez mundial de las vacunas. Lo que sucedió no fue un accidente, una desagradable anécdota, sino la consecuencia de sistema de exclusión y privilegios de un Estado capturado y ausente de décadas.

BINACIONALES PRIVATIZADAS. Otro tema definido en la semana por los diputados fue el rechazo y posterior envío al archivo del proyecto de ley que pretendía redireccionar la utilización de los fondos sociales de las binacionales Itaipú y Yacyretá (unos 150 millones de dólares) a la compra de insumos médicos, alegando cuestiones constitucionales para rechazar la propuesta que perdió por apenas un voto: 35 contra 34.

Ningún gobierno hasta hoy quiso transparentar los fondos sociales porque es la caja negra para sus objetivos políticos y electorales. Desde su creación, los directores de Itaipú y Yacyretá deciden, junto a los caciques políticos de turno, hacia dónde irán los beneficios, sin la participación de las instituciones del Estado y menos aún de los organismos de control.

Hay una contradicción feroz en el uso de los fondos sociales. Los rebuscados argumentos legales, que empiezan con la ley, la Constitución Nacional y los tratados internacionales solo aparecen cuando se plantea su incorporación al Presupuesto General de la Nación, o, en este caso particular, al redireccionamiento hacia la compra de medicamentos y cubrir los gastos siderales de los familiares de pacientes de Covid-19.

¿Por qué hay tanto celo legal cuando se plantea la transparencia y el control legislativo de los fondos sociales, pero no existe tal cosa cuando la plata se gasta en forma descontrolada en carnavales y jineteadas? ¿Por qué –con el viejo argumento de la binacionalidad– Brasil y Argentina no protestan cuando los directores de las binacionales, cuales virreyes, deciden invertir en capillas, centros de salud, polideportivos, mercados municipales, fiestas patronales, campañas electorales, sospechosos proyectos culturales, deportivos, lujosas camionetas y carnavales? ¡Qué raro que los países vecinos aprueben a ojos cerrados los despilfarros, pero se oponen a los gastos controlados!

Tanta fue la presión y la crítica que el Gobierno se vio obligado a suspender la licitación del puente Carmelo Peralta-Puerto Murtinho redireccionando unos 30 millones de dólares de Obras Públicas para Salud. Lo hizo para aplacar las críticas, pero especialmente para seguir blindando los fondos sociales.

PRESIONES. Sin embargo, la presión continúa. El Senado, en una sorpresiva decisión, aprobó el jueves el proyecto que autoriza utilizar los fondos sociales de Itaipú y Yacyretá para la compra de medicamentos. Fue una maniobra audaz que ya generó efectos en la bancada cartista de Diputados, que a pesar de su férrea oposición, ahora considera viable el proyecto. En un escenario de crisis sanitaria, con miles de muertos, el sistema saturado y un futuro escalofriante, a Honor Colorado se le hace cada vez más difícil sostener a Mario Abdo. El salvataje del juicio político les sacó el discurso opositor y ahora cargan la cruz de los errores del oficialismo.

El Gobierno y el Partido Colorado están cada vez más cercados por la presión ciudadana, política y mediática. La posibilidad cada vez más cercana de morir o ver morir a los familiares y amigos por las históricas carencias de la salud pública está generando una rebelión que aumenta a medida que faltan los insumos, las camas de terapia intensiva, oxígeno y ahora los engorrosos procesos para beneficiarse del Pytyvõ de los medicamentos. No hay nada más poderoso que el despertar de las conciencias y el reclamo de los derechos.

Ya son más de 5.000 las muertes que carga el Gobierno colorado en un año de pandemia.

¿Cuántos cadáveres más necesitan para entender que la prioridad actual del uso transparente, controlado y equitativo de los fondos sociales de las binacionales deben ser destinados hoy para salvar vidas?

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