José Miguel A. Verdecchia
Sociólogo Investigador y Docente
Recapitulando el análisis de la propuesta Hambre Cero que se ha presentado en entregas anteriores tenemos que:
1) En la dimensión correspondiente a la pertinencia teórica del enfoque utilizado en la elaboración de la propuesta se ha observado que la propuesta aísla el problema de la desnutrición del contexto social en que trancurre la vida cotidiana de los niños y sus familias. Toma como problema algo que no es más que una consecuencia del problema real que está oculto y que tiene que ver con las estructuras de desigualdades y de exclusión que generan la pobreza de las familias de estos niños.
La propuesta parcela la realidad, descontextualizando el problema, tanto dentro del sistema educativo como al interior de la sociedad. La alimentación escolar no es el único problema dentro del sistema educativo (que también requieren de soluciones urgentes y costosas), como tampoco es el único problema dentro de las familias en situación de pobreza.
2) En la descripción que hace de la realidad que pretende transformar, la propuesta no va más allá de la mención de unos datos muy generales que no tienen mayor valor como para entender el problema. Nada menciona sobre la situación nutricional de los escolares como tampoco proporcionan datos sobre el impacto que tuvo el actual programa en el aprendizaje de los niños al término de sus nueve años de ejecución.
3) Por otro lado, la propuesta no cuenta con un diseño que muestre qué es lo que se pretende lograr, qué se propone hacer para ello, en qué tiempo y con qué resultados. Más allá de una enunciación genérica sobre el mejoramiento del rendimiento escolar mediante la universalización de la alimentación escolar no hay nada.
4) Y finalmente, con relación a las condiciones operativas de la propuesta, esta repite el mismo esquema que el programa que está en curso, con la diferencia de que se creará una nueva instancia burocrática (Fonae), con funciones de planificación, supervisión y control, que estará a cargo de un consejo presidido por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), cuya titularidad la detenta el tesorero del Partido Colorado, el que además sustraerá a Asunción, Central (bajo administración opositora) y Presidente Hayes la administración del programa.
Con esta ley se pretende sustraer del MEC una competencia que le es conferida por la propia Constitución Nacional, tal como lo es la rectoría del sistema educativo nacional.
En los demás departamentos, el festín seguirá igual, pero dicen que con un “mayor control” que será ejercido, justamente, por las mismas entidades que lo han estado haciendo en la época de las administraciones tildadas de “descalabro” por la propia Contraloría, pero sin consecuencias ulteriores para sus responsables.
CONCLUSIONES
A partir del análisis realizado, algunas conclusiones que surgen son las siguientes:
1. Es un acto irresponsable proponer la continuidad y la ampliación de un programa que está en ejecución desde el 2014 sin disponer de los resultados de una evaluación que muestre el impacto que ha tenido la alimentación escolar sobre los niveles de aprendizaje de sus beneficiarios en sus nueve años de ejecución.
2. El enfoque teórico que utiliza es inapropiado por cuanto trata al problema de la desnutrición de los escolares como una simple cuestión de incapacidad de adaptación al sistema, soslayando que el problema es una consecuencia de una situación estructural de desigualdades y pobreza que no es encarado. Asimismo, su tratamiento como un problema aislado de su contexto es una práctica teórica y metodológica inaceptable.
Las políticas de subsidios (tal como lo es la alimentación escolar) son aceptables siempre que ellas vayan acompañadas de acciones a nivel estructural que erradiquen las causas que le dan origen. Cuando estas intervenciones no existen, se cae en un paternalismo que perpetúa el problema y acaba convirtiendo al subsidio en un derecho y al beneficiario en parte de la clientela política.
3. El tratamiento del problema de la alimentación escolar está planteado a un nivel de generalidad tal (tuicha haicha) que impide diseñar una propuesta consistente de intervención. Si no se sabe del problema en sus aspectos más particulares es poco lo que puede proponerse como solución, por lo menos responsablemente.
4. No puede plantearse un proyecto de ley como marco institucional de un programa cuando este no está definido ni operacionalizado. Esto es legislar en el vacío.
5. La propuesta tiene todos los elementos como para hacer pensar, tal como ha sido señalado en algún momento, que se trata de “una propuesta nacida de burócratas iluminados que viven en sus burbujas y manejan conocimientos muy sesgados que poco o nada tienen que ver con la realidad”, y para peor, pasando por alto la participación de los involucrados.
6. A pesar de su excelente fundamentación (desde un enfoque de derechos, paradójicamente enemiga a la filiación “profamilias” de sus progenitores), la propuesta carece de sustento empírico surgido de investigaciones en el campo de intervención que aborda.
7. La propuesta carece de un horizonte temporal, ya que no hace referencias al proceso de su ejecución, a sus etapas y a las metas a lograr en cada una de estas. Es ir a lo que salga, aunque eso cueste USD 650 millones anuales.
8. Las fuentes de financiamiento del programa están basadas en suposiciones. Una estimación gruesa de sus costos señala la necesidad de unos USD 650 millones anuales para universalizar el programa tal como hoy existe. Aunque se afirma que para ello se redistribuirán los recursos del Fonacide, se asignarán recursos del Presupuesto General de la Nación y se apelará a donaciones, esto no es garantía alguna, considerando la encarnizada lucha que se entabla en el Parlamento al momento de distribuir la torta.
9. No se visualizan acciones estructurales equivalentes para reducir la pobreza en el ámbito de las familias, el contexto cotidiano más inmediato de la vida del niño. Los niños escolares comerán bien (una ingesta diaria) durante 186 días al año. ¿Será suficiente para garantizar un estado nutricional que pueda incidir en el aprendizaje? Esto lleva a pensar que el programa no pasará de ser una forma más de reforzar la práctica institucionalizada del karu jopara (hoy se come, mañana no) de los pobres, mencionado como alternativa de desayuno por el ministro de Educación.
10. La propuesta ignora y atropella preceptos constitucionales y legales (Ley 1264/89 General de Educación) al sustraer del MEC la rectoría del sistema educativo, ante la insensible y displicente mirada de sus autoridades. El mejoramiento del rendimiento de los escolares, así como las acciones encaminadas a optimizarlo, por disposiciones constitucionales y legales, es competencia directa del MEC, institución que en este caso, orondamente el Poder Ejecutivo pasa por alto, movido por no se sabe qué propósitos o intereses.
De esta forma, con un marco jurídicamente cuestionable y con la administración de los recursos en las mismas manos de autoridades cuestionadas en sus propios departamentos y distritos por su deshonestidad, ¿qué posibilidades de una gestión honesta, transparente y exitosa puede esperarse?
Como dice la sabiduría popular: “¿No estaremos cambiando mboka garrotere, o copiando al lenguaje del primer mundo, ante un gatopardismo, que nos asegura más de lo mismo?”.
Atendiendo a las consideraciones expuestas, de ejecutarse el programa en las condiciones en que se encuentra, se puede anticipar que seguirá el mismo camino de fracaso del programa que se propone ampliar.
Entendemos que la solución del problema podría venir, por una parte, por el respeto a la institucionalidad de la República restituyendo al MEC la rectoría del sistema educativo que se le está escamoteando con la propuesta, y, por el otro, con la participación de los involucrados en el diseño de una propuesta seria.
Esta solución requerirá asimismo el urgente enjuiciamiento y la condena de los que se han apropiado del dinero público destinado a la alimentación de niños pobres, obligándolos a la restitución de lo robado e inhabilitándolos para ocupar cargos públicos por lo menos durante veinte años.
En materia de alimentación escolar, no hay que perder de vista que el problema central es la corrupción y la impunidad consentida. Y esto no tiene visos de resolverse con improvisaciones, como las que propone el proyecto del Fonae. Es más, hasta daría lugar a pensar en la existencia de algún proyecto oculto con una estrategia basada en la centralización de las actuales prácticas corruptas instaladas en los departamentos en el manejo de la alimentación escolar.
