El secretario general de la FNC, Marcial Gómez, criticó el primer informe de Santiago Peña como presidente de la República.
“Nuevamente en su discurso se expresa una falta de política de Estado para el tema principal que genera conflicto social y que ataja cualquier posibilidad de desarrollo nacional, que es la concentración de la tierra en pocas manos”, se quejó el dirigente.
El gremio entiende como mensaje que el mandatario no tiene en su agenda este problema y mucho menos la necesidad de la reforma agraria.
Si bien Peña habló del proyecto de ley de “Registro Unificado Nacional”, que agrupa a la Dirección de Registros Públicos, la Dirección de Catastro y el Departamento de Mensura y Geodesia, no recordó las 8 millones de hectáreas que fueron entregadas a amigos, militares y empresarios durante la fallida reforma agraria en la dictadura de Alfredo Stroessner.
Lea más: Peña anuncia ley para “resolver el problema de la tierra” pero no habla de reforma agraria
“Estamos peor actualmente en el campo, no como dijo en su discurso cuando asumió recién el presidente Peña, de que vamos a estar mejor”, expresó Gómez en Telefuturo.
Gómez lamentó que el campesinado sigue abandonado por el Estado, teniendo en cuenta que tampoco cuenta con acceso a créditos, no tiene acompañamiento técnico y prácticamente está sin producción en los últimos tiempos por problemas climáticos.
A esto se suma la falta de mercado al momento de intentar colocar los productos. Por ejemplo, actualmente hay mandioca cosechada, pero no se está pudiendo vender.
“En vez de invertir para acompañar la producción campesina, que es producción de alimentos para la población paraguaya, se recorta el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Ganadería”, dijo sobre el recorte de un 30% que tuvo este año la institución.
Lea también: Santiago Peña defendió a sus aliados del Congreso y tiró bombas a Mario Abdo
Por otro lado, el secretario de la FNC denunció que el sector viene sufriendo persecución política y judicial, especialmente con la Ley Riera-Zavala, que extendió la pena hasta 10 años por la ocupación de tierras.
