Tras el allanamiento en el que la fiscala Liliana Galeano dispuso que la Policía Nacional abra a la fuerza la puerta de la oficina de Hidrocarburos de la Comuna, donde ya se produjeron incidentes una semana antes, los partidos políticos de la oposición se pronunciaron al respecto y cuestionaron la actuación de los intervinientes.
El Ministerio Público anunció este domingo, por su parte, que el fiscal adjunto Humberto Rosetti solicitará el lunes un informe pormenorizado a la unidad penal interviniente sobre el procedimiento llevado a cabo.
En la noche del viernes se allanó la dependencia de la Municipalidad de Encarnación, Itapúa, que funciona en la Réplica de la Estación del Ferrocarril, en medio de mucha tensión.
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Manifestantes denunciaron que en tal procedimiento la hija de la fiscala supuestamente sacó algunas hojas de oficina en cuestión y se dirigió hasta su automóvil. Posteriormente, la misma fue acorralada por las personas movilizadas.
El intendente Luis Yd alegó que el allanamiento “estuvo viciado de ilegalidad y violencia, con una clara instrumentación política”.
Además, el sábado de la semana pasada ya se produjeron incidentes en el mismo lugar con tres concejales colorados que, supuestamente, atropellaron dicha oficina sin permiso alguno.
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Los ediles presentaron una denuncia penal por la supuesta comisión de hechos punibles relacionados a la alteración de datos y producción de documentos, en el interior del Municipio, tras hechos irregulares, según la Fiscalía.
Días atrás funcionarios habrían estado realizando manipulación de documentos fuera del horario de oficina y que incluso eran retirados del sitio, en caso de ser verificados por la Contraloría. Los mismos guardarían relación con actos administrativos, compras de combustible, entre otros, según la denuncia presentada.
La Cámara de Diputados tiene pendiente la definición de la intervención de la Municipalidad de Encarnación, cuya oficina fue intervenida luego de que los colorados lograran una mayoría de dos tercios en la Junta Municipal para rechazar la ejecución presupuestaria de 2019 y hacer el pedido de intervención.
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La oposición considera que el pedido está sesgado y lo considera un golpe político. Señalaron que el Gobierno está sacando partido de su manejo de las instituciones, en particular la judicial.
En la primera ocasión que los concejales denunciantes supuestamente atropellaron la oficina de archivos en la Réplica de la Estación Ferrocarril de Encarnación, el jefe comunal aseguró que no renunciará al cargo y que tampoco lo sacarían a la fuerza.
Agregó que cualquier documento que se constate que falte, será exclusiva responsabilidad de los ediles César Rojas, Sebastián Remezowski y Andrés Morel (todos de la ANR), quienes llegaron hasta tal dependencia e hicieron que una cuarta persona manipule, revise y fotografíe archivos, sin tener ningún tipo de autorización.
