Los casos de feminicidios y violencia contra la mujer continúan con su tendencia creciente en el país, y de enero hasta la primera quincena de junio ya se reportaron 16 casos de feminicidio en Paraguay, según el Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público.
Según el informe de la Fiscalía, 14 de las 16 víctimas eran madres y a raíz de eso un total de 34 hijos quedaron huérfanos. Las edades de las mujeres fallecidas comprenden entre los 14 y 75 años.
Otro dato relevante es que en 10 de las investigaciones están como sospechosas las parejas de las víctimas, mientras que en otras tres son las ex parejas. La lista se completa con un ex yerno, un padre y otro a determinar.
El Departamento Central registra la mayor cantidad de feminicidios con 8 causas, mientras que los demás ocurrieron en Amambay, Alto Paraguay, Asunción, Caaguazú, Guairá, Canindeyú, Paraguarí y San Pedro. Los crímenes ocurrieron mayormente los domingos y lunes.
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En promedio, hubo ensañamiento con cuatro mujeres. En un caso, la víctima recibió más de 40 puñaladas. Se trata de Natividad Molinas, una joven de 22 años que fue asesinada por su ex pareja en Ypané.
De acuerdo al Ministerio Público, cuatro de los supuestos feminicidas intentaron simular los hechos como si fueran otra causa de muerte. Asimismo, 11 fueron imputados hasta la fecha y tres se suicidaron luego de cometer los asesinatos.
Fallas desde el Estado
En la audiencia pública Feminicidios y otras formas de violencia contra la mujer, desarrollada en marzo pasado en la Sala Bicameral del Congreso Nacional, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay advirtió que muchos casos pudieron evitarse “si hubiera habido protección eficiente del Estado ante las denuncias de violencia”.
Especialmente porque desde finales del 2017 está vigente la Ley 5777 de Protección Integral a las Mujeres, que establece una serie de medidas ante los casos de violencia y tipifica por primera vez el feminicidio como un hecho punible diferenciado de los demás asesinatos, con una pena privativa de libertad de hasta 30 años.
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Aunque la semana pasada el Gobierno lanzó lo que llamó “una estrategia para disminuir los casos de abuso sexual en niños, la violencia hacia las mujeres y los feminicidios”, hay cuestionamientos sobre su enfoque.
El Consultorio Jurídico Feminista (CJF) criticó la campaña Hay excusas que matan porque considera que el Estado intenta trasladar la responsabilidad a la ciudadanía o a la víctima, cuando en realidad las principales barreras para la protección y acceso a la justicia se encuentran en los juzgados de Paz, en la Policía Nacional y en el Ministerio Público, entre otras instituciones estatales que por Ley y tratados internacionales están obligadas a implementar acciones de prevención, protección y reparación.
