Los fiscales anticorrupción Jorge Arce y Francisco Cabrera junto con el fiscal Antidrogas, Luis Said, presentaron acusación contra Paulo César Fines Ventura, Rodolfo Rodrigo Samaniego Lezcano, Victorino Gómez Paredes, general en situación de retiro Jorge Antonio Orué Roa, coronel Bienvenido Santiago Fretes González y el general (SR) Arturo Javier González Ocampo por supuesto tráfico de armas en el caso Dakovo, por lo que pidieron juicio oral y público, según informó la periodista Liz Acosta.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la investigación inició por sospechas de que la empresa Internacional Auto Supply SA (IAS SA) estaría vinculada a la importación de una importante cantidad de armas de fuego de una empresa de Croacia, que fueron incautadas en distintos operativos realizados en Brasil y se estarían destinando al comercio ilegal.
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En ese sentido, la Fiscalía sospecha de que los ahora procesados formaban parte de una organización criminal liderada por Diego Hernán Dirisio.
En el caso de Fines Ventura, Samaniego Lezcano y Gómez Paredes, creen que intervinieron desde Paraguay en “tareas tendientes a concretar el tráfico internacional de armas de fuego con destino al Brasil”.
Mientras que los militares Orué Roa, Fretes González y González Ocampo prestaron servicio a la organización.
En el caso de Orué Roa, sospechan que utilizó su influencia como director de la Dirección de Materiales Bélicos (Dimabel) “para intervenir en procesos administrativos que la empresa IAS se encontraba gestionando”. De hecho, Roa recibió una pistola 9mm de regalo por parte de Dirisio.
Así también, Fretes González aparentemente intervino “para agilizar la tramitación de registros comerciales de la empresa IAS y otras empresas ante el Registro Nacional de Armas (RENAR), así como trámites que debía realizar ante la misma dependencia, a cambio de la entrega de regalos y de beneficios económicos y promesas de beneficios”.
También recibió una pistola y otros obsequios por parte del empresario.
En el caso de González Ocampo, la Fiscalía sostiene que “mediante su intervención y uso de influencias en las altas esferas castrenses participó en el nombramiento del director de Dimabel afín a las pretensiones de la organización criminal, como así también en el nombramiento de funcionarios dentro de la DIMABEL en puestos claves y estratégicos, a cambio de regalos y pagos de beneficios y/o promesas de beneficios”. Además, intercedió en “modificaciones de reglamentaciones en la tramitación de compras de armas de fuego y en la concesión de permisos para la importación de explosivos”.
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También, el grado de González Ocampo era el grado más alto dentro de su especialidad, la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP), lo que le permitió integrar el Consejo de Comandantes de las Fuerzas Militares, lo cual aprovechó para establecer condiciones o situaciones favorables para la empresa IAS.
“Las informaciones expuestas hasta el momento pudieron ser concatenadas y complementadas en otros datos obtenidos en la presente investigación desarrollada en Paraguay, mediante la intercepción de líneas telefónicas (audios relevantes obtenidos por medio de autorizaciones judiciales), además de otros datos complementarios”, mencionó la Fiscalía en su boletín.
