Bien temprano, a las 08:00, los jueces Federico Rojas, Manuel Aguirre y Rossana Maldonado, con la fiscala Sonia Sanguinez, los abogados Federico Hetter y Óscar Torres, a más de los hermanos Carlos y Luis Casco, junto con varias víctimas de la dictadura, estuvieron en la sede policial, donde ocurrieron los hechos.
Los Casco, paso a paso, comentaron a los magistrados dónde los llevaron en abril de 1976; la oficina del tenebroso Pastor Coronel, ya fallecido, luego la zona del baño, el sobrado, donde eran las torturas. Mostraron la forma en que los metieron a la pileta y los torturaban.
Hubo cantos de las víctimas, proclamas contra la dictadura. Entre otros, estuvieron monseñor Mario Melanio Medina, Guillermina Kanonnikoff, Carlos Fontclara, Antonio Pecci y Mario Casartelli. No pocos derramaron lágrimas al ingresar al lugar.
JUICIO. Tras la diligencia, volvieron al Palacio de Justicia para seguir el juicio. Declaró el ex candidato presidencial, Euclides Acevedo, que también confirmó las torturas.
Después, habló el acusado Eusebio Torres. Se quejó de que era un juicio especial, que se aplicaba en forma retroactiva la ley, que los hechos ya prescribieron. Además, que en las víctimas “se confundieron”, ya que él –dijo– recién el 26 de enero de 1978 fue asignado a Investigaciones, hasta el 9 de setiembre de 1980.
“Ya saben cómo son la gente del campo. No saben nada de derecho”, dijo. También que la Fiscalía debería aprovechar la oportunidad “para educar a estos campesinos...” para que sepan que ya perdieron el derecho.
ALEGATOS. Luego, la fiscala Sonia Sanguinez dio sus alegatos. Dijo que se probaron las torturas con los testimonios y documentos del archivo del terror. Que, Carlos Casco fue detenido el 3 de abril de 1976, al llegar en un buque desde Corrientes. Su esposa Teresa Aguilera fue apresada un día antes en Encarnación, al entrar al país, y Luis Casco, el 12 de abril, en Villarrica.
Explicó que todos ellos fueron torturados. La mujer estaba embarazada, y que las consecuencias se extendieron mucho después de salir libres, ya que ni siquiera consiguieron documentos de identidad, por lo que no podían trabajar y eran prácticamente parias.
Alegó que los hechos se probaron con casi 20 testigos, y los documentos, por lo que entendía que la pena justa era de 15 años de encierro.
Los abogados Federico Hetter y Óscar Torres pidieron la absolución por duda. El primero explicó que sentían profundo respeto por las víctimas y su lucha que nos liberó de la dictadura. Que no cuestionaban que los hechos existieron, pero Eusebio Torres no participó de ellos.
Indicó que en el régimen todo era documentado y que esos papeles decían que el mismo recién en 1978 estuvo en Investigaciones. Su hijo Óscar Torres dio testimonio de que su padre era inocente.
