Tras la lectura de los alegatos finales en la etapa final del juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, la Fiscalía solicitó la pena de 10 años de prisión para ambos.
Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera fueron quienes pidieron la pena para el ex senador colorado. También solicitaron la inhabilitación de ejercer cargos en la función pública por el mismo plazo de tiempo.
Los representantes del Ministerio Público también pidieron un comiso especial para los procesados de más de G. 55.000 millones, bajo el argumento de que el dinero del ex legislador es producto del enriquecimiento ilícito.
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Por otra parte, el Tribunal de Sentencia decidió conceder al Ministerio Público un día más de plazo para determinar cuales son los bienes sobre los cuales se pide el comiso especial. Sin embargo, la defensa del ex senador planteó un recurso de reposición.
El juicio oral continuará mañana a partir de las 8.00 para individualizar los bienes por los que se pide el comiso especial, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.
Durante este jueves se llevó a cabo la lectura de los alegatos finales del proceso, tanto del Ministerio Público como el de los abogados defensores del ex parlamentario y de su hijo.
Ambos están procesados por los hechos punibles de enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero.
El proceso también cuenta con un importante control de Estados Unidos, con la presencia del asesor legal residente del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Brian Skaret. Además del acompañamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.
El juicio oral ya lleva casi seis meses y, en su mayor parte, se presentaron pruebas documentales y pericias, teniendo en cuenta los delitos investigados, más de índole económico.
Según la defensa, de todos los testigos que declararon, prácticamente todos lo hicieron recién en el juicio oral, ya que no fueron citados por los agentes del Ministerio Público durante la etapa investigativa.
González Daher renunció a su banca en la Cámara de Senadores, a fines de agosto, ante las protestas frente a su vivienda. Estaba siendo investigado por el caso de la inmobiliaria Príncipe Di Savoia SA.
La inmobiliaria salió a la luz en una investigación de Última Hora en el 2010. Figuraba como titular de varias propiedades en estado de evasión de impuestos. La firma estaba compuesta por el ex senador luqueño, más sus hijos Rubén y María Emilia, así como el juez Juvencio Torres.
