La orden de detención fue dictada por la fiscala María Angélica Insaurralde de Morales, de la Unidad Penal 5 de la ciudad de Caaguazú, contra las 37 personas, por los supuestos hechos de invasión de inmueble ajeno, coacción grave y asociación criminal, registradas en la comunidad de Pindo’i, en el distrito de Tembiaporã.
Una vez que el intendente de Tembiaporã Sotero Cáceres y los dirigentes campesinos sean detenidos, deberán guardar prisión preventiva en la Comisaría 2ª de Caaguazú.
El conflicto por las tierras se judicializó nuevamente tras el fracaso de la negociación entre el Gobierno y los propietarios de fincas del referido lugar, para la adquisición y posterior adjudicación a familias de campesinos por parte del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
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Son alrededor de 100 familias del distrito de Tembiaporã las que se instalaron en varios predios reclamados por productores brasileños. El lunes 30 de diciembre se debía realizar el desalojo por parte de la Policía Nacional y debido a cuestiones operativas fue pospuesto y la nueva fecha aún no fue confirmada.
El caso tiene que ver con un conflicto de tierras de larga data entre dos grupos antagónicos, hecho que genera permanente zozobra en esa comunidad.
Cerca de 1.500 hectáreas están en disputa y más de 300 fueron ofertadas por los productores brasileños.
Esas tierras están evaluadas a nivel comercial en más de USD 10.000 la hectárea. La oferta presentada al Indert, previo acuerdo verbal, fue de USD 7.000 por cada hectárea.
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Sin embargo, dentro del proceso burocrático de tasación, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) cotizó a USD 4.000.
La gran diferencia existente entre lo acordado en principio y la cotización final motivó el desistimiento de los brasiguayos, que ahora exigen ocupar sus fincas judicialmente.
En la zona ya no existen montes, son tierras mecanizadas de alta calidad consideradas como las mejores del Paraguay.
El ambiente en Pindo’i, ubicado a escasa distancia de Guahory, está tenso, incluso con amenazas de resistencia armada por parte de los ocupantes, en caso de un eventual desalojo.
