El Ministerio Público avanzó con nuevas diligencias en el marco de la investigación por presunta contaminación del lago Acaray. Técnicos realizaron toma de muestras de agua en varios puntos de Hernandarias y Ciudad del Este. El procedimiento fue encabezado por la agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, titular de la Fiscalía Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N° 2 de Alto Paraná.
La intervención se desarrolló de forma conjunta con técnicos de Itaipú Binacional y del Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN), quienes realizaron el relevamiento del cauce hídrico en ambas márgenes del lago, abarcando sectores considerados críticos dentro de la investigación.
Durante la jornada, los especialistas recolectaron muestras de agua en puntos estratégicos previamente identificados por el Ministerio Público. Estas evidencias fueron remitidas al Laboratorio de Aguas y Sedimentos de Itaipú, donde serán sometidas a análisis microbiológicos, estudios de fitoplancton –especialmente para detectar cianobacterias– y evaluación de sólidos sedimentables.
En paralelo, el INTN llevará adelante estudios fisicoquímicos para determinar parámetros como la demanda química y bioquímica de oxígeno (DQO y DBO), niveles de nitrógeno total, presencia de hidrocarburos derivados del petróleo, así como aceites y grasas.
LA DENUNCIA
La causa fue abierta el 17 de febrero de 2026 tras denuncias públicas difundidas en medios de comunicación y redes sociales, donde pobladores alertaban sobre la posible descarga de sustancias desconocidas en el río. Según los reportes, los vertidos podrían estar generando impactos negativos en el ecosistema, afectando la calidad del agua, la biodiversidad y potencialmente la salud de las comunidades cercanas.
En el curso de la investigación, la Fiscalía logró identificar al menos cuatro puntos donde se habrían detectado residuos. Estos sitios se encuentran en la zona de Granjita Los Elvis, en el barrio Santa Bárbara; en las inmediaciones de La Wayaba, en Villa San Francisco; en la quinta Comisario Róga y en un inmueble ubicado en el barrio Félix de Azara. Todos estos lugares están bajo observación y forman parte del circuito de verificación de posibles focos de contaminación.
Las autoridades manejan varias hipótesis respecto al origen de los vertidos; entre ellas, se analiza la posible participación de embarcaciones –particularmente, barcazas areneras–, así como de establecimientos comerciales, propiedades privadas o actividades que podrían estar realizando descargas irregulares de desechos directamente al río.
CONTROL
Como parte de las medidas complementarias, la fiscala interviniente solicitó apoyo a la Policía Nacional para reforzar los controles en las zonas investigadas. En ese sentido, se dispuso la realización de patrullajes preventivos y controles aleatorios, especialmente en horario nocturno, con el objetivo de detectar movimientos sospechosos, identificar vehículos o personas involucradas y prevenir nuevos vertidos.
El Ministerio Público busca, a través de estas diligencias, determinar con precisión la composición de las sustancias detectadas, confirmar la existencia de hechos punibles contemplados en la Ley 716/96 y avanzar en la identificación de los responsables. La investigación continúa en etapa de recolección y análisis de evidencias, mientras se aguardan los resultados laboratoriales que serán clave para el desarrollo del caso.
