Víctor Galeano
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Para el Ministerio Público está claro que el robo de cables para extracción de cobre está manejado por una estructura, ya que las personas que cometen el delito, arriesgando sus propias vidas, lo hacen porque existe alguien que compra, pero que hasta ahora no llegaron a los compradores por falta de denuncia directa.
El fiscal Julio Ortiz, de la ciudad de San Lorenzo, menciona al respecto que es necesaria una ley que exija un control exhaustivo de las chatarrerías, para perseguir a todas ellas y a los compradores en general de cobre.
“Se trata de reducidores, son ellos los entes encargados de recibir y recaudar el producto de todos los ladrones; también compran los vehículos robados, desmantelan y los venden como autopartes”, explicó el agente.
En la ciudad de Capiatá es casi similar la situación. Indicó la fiscala Zoila Martínez que el destino final del cobre hasta ahora se desconoce, porque al momento del procedimiento policial la detención es en flagrancia y no registran denuncias específicas contra alguna chatarrería o contra alguna persona que se esté dedicando a reducir el producto.
La fiscala Laura Romero, de la unidad de turno en Lambaré, refirió que en su zona ocurre un hecho particular y es que personas adultas a quienes aún no logran aprehender utilizan a menores de edad para realizar los robos.
Los mismos son detenidos en flagrancia, pero por poco tiempo, y luego son entregados a sus padres, ya que sólo el juez puede ordenar su aprehensión.
En cuanto a las chatarrerías, comentó que varias de ellas fueron advertidas de posibles allanamientos, por lo que los hechos en la zona mermaron una buena parte.
Detenciones. Al respecto, el agente Ortiz detalló que tiene al menos tres causas en las que imputó y acusó en flagrante comisión. Pero generalmente son gente de escasos recursos y los jueces deciden darles medidas, ya que la expectativa de pena es de cinco años, pero vuelven a incumplir y allí son recluidos, ya no por robo de cable, sino por otro hecho.
Dijo también que la tarea es difícil, ya que los robacables actúan de madrugada y llevan el producto o en su casa o en otra parte y al día siguiente recién llevan a vender, una vez que derriten el caucho que envuelve el cobre, por lo que se pierde el origen.
El fiscal Víctor Villaverde, de Capiatá, relató que no todos los detenidos son presuntos adictos, en varios casos eran personas que se manejan en vehículos.
“El dueño o el que maneja el auto a veces dice que no sabía lo que pasaba, que le contrataron nomás como es Bolt, pero, sin embargo, al revisar su aplicación no se encuentra ningún pedido. Entonces, no son gente de muy bajo nivel adquisitivo, sino son de nivel mediano bajo”, refirió el agente.
Bagatelario. La agente Martínez señala que el ilícito no se trata ya de un simple robo bagatelario, admite que al momento de la imputación atribuye dos hechos: “El hurto agravado” por la forma en la cual se realiza, que es trepar, ya sea la columna o muralla; y el otro hecho que suma a la imputación: el de “perturbación de instalaciones imprescindibles”. Esto es porque las víctimas se quedan sin luz o sin comunicación por varios días, tratándose de líneas de la ANDE o Copaco.
En contraste con lo mencionado por la fiscala Zoila Martínez, la agente Teresa Sosa, de Asunción, señaló que el hurto de cables es considerado como un hecho bagatelario y el mismo cuenta con una salida procesal.
Argumentó que el criterio de oportunidad para este tipo de hechos, que se consideran bagatelarios, generalmente se realizan en los tipos penales de hurto, a menos que haya una insistencia por parte de las víctimas en torno al daño ocasionado.
“El hecho bagatelario se aplica más bien en los hechos punibles de hurto, pero en general el criterio de oportunidad le exime de una sanción penal a la persona que comete un ilícito de tal naturaleza”, refirió.
“Trataremos una ordenanza de control a chatarrerías”
El abogado Diego Rotela, concejal de la ciudad de Lambaré, considera de suma importancia la implementación de una ordenanza que limite a las chatarrerías la posibilidad de recibir cobre sin que el vendedor cuente con su trazabilidad.
El edil refiere que en enero de 2024 tratarán el tema y adelantó que conversó con concejales de otras municipalidades de Central, quienes le mencionaron que tampoco cuentan con dicha ordenanza.
Sin embargo, todos resaltan que se trata de un tema especial, teniendo en cuenta que la mayoría de los robacables son presuntos adictos y es un tema que de alguna forma deberán procurar que pare o se elimine.
