15 jul 2026

Fiscalía indaga una supuesta adopción ilegal en Horqueta

La Fiscalía indaga a una pareja de docentes de Horqueta, Departamento de Concepción, por una supuesta adopción ilegal de una recién nacida.

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La recién nacida sigue internada en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción.

Foto: Justiniano Riveros.

Una pareja de educadores de la ciudad de Horqueta llegó este lunes a urgencia pediátrica del Instituto de Previsión Social (IPS) de Concepción con una beba prematura, recién nacida y muy enferma. El Ministerio Público intervino tras la alerta de los médicos del nosocomio.

En el momento de la atención a la criatura, los profesionales de la salud realizaron algunas averiguaciones, ya que llamaban la atención las edades de los supuestos padres.

Fue así que la mujer, de unos 45 años, confesó que le entregaron la niña en adopción en un centro médico privado de Horqueta. Incluso, presentó el certificado de nacido vivo con apellido de la pareja.

De inmediato se activó el protocolo y tomó intervención el fiscal de turno Carlomagno Alvarenga. La Fiscalía indaga los hechos de uso de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y violación de las reglas de adopción.

Alvarenga dijo que ya tiene identificado el sanatorio donde supuestamente nació la criatura y que los supuestos padres ya están bajo investigación.

Mencionó que tuvieron participación la Defensa Pública del área de la Niñez y la Adolescencia y también el Juzgado de la misma área, que definirán la situación de la criatura que sigue internada en el Instituto de Previsión Social (IPS).

La criatura tiene 10 días de nacida en forma prematura y necesitará aun largos días de internación.

Las autoridades quieren que la madre biológica se presente de forman voluntaria, antes de que sea identificada. No se descarta que sea una adolescente, según los datos.

Los nombres de los supuestos padres y de la criatura se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.

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