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Fiscalía imputa a dueño de una olería donde un niño perdió un brazo

La Fiscalía presentó imputación este viernes contra el propietario de una olería, en donde un niño sufrió el desmembramiento de un brazo días atrás. El hecho ocurrió en la ciudad de Tobatí, en el Departamento de Cordillera.

El fiscal de la Unidad Regional de Caacupé, Gustavo Sosa Ibarrola, presentó imputación contra Mauro Dionicio Duarte por el hecho punible de exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.

La causa tiene relación al niño de 9 años, que sufrió el desmembramiento de un brazo el pasado 7 de febrero, informó el Ministerio Público.

Determinado el margen de previsibilidad en cuanto al diligenciamiento de los actos investigativos correspondientes a la etapa preparatoria, la representación fiscal estima que serán necesarios seis meses de tiempo para la presentación de la acusación respectiva.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía y la Defensoría Pública intervinieron una olería en Tobatí tras denunciarse que un niño perdió parte del brazo tras ser atrapado por una máquina industrial.

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La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, había explicado que en la olería contrataban al niño y le pagaban cerca de G. 10.000 por día. También usaba las maquinarias para amasado y corte de ladrillos.

La secretaria de Estado mencionó que el niño fue asistido en el Hospital de Trauma y tras el accidente se está trabajando en conseguir una prótesis para el mismo, ya que quedó con un impedimento físico.

Indicó que las zonas de Tobatí y Emboscada son sitios que siempre son controlados debido a las denuncias que se realizan por trabajo infantil.

Señaló, en contacto con Monumental 1080 AM, que el trabajo infantil afecta a los niños en estas zonas ya que existen muchas empresas familiares y resulta complicado convencer a los padres de que la actividad aún no es necesaria para el menor de edad.

El nombre del niño se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.

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