Días atrás, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, la Fiscalía y la Defensoría Pública intervinieron una olería en Tobatí tras denunciarse que un niño perdió parte del brazo tras ser atrapado por una máquina industrial.
La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Teresa Martínez, indicó que las zonas de Tobatí y Emboscada son sitios que siempre son controlados debido a las denuncias que se realizan por trabajo infantil.
Señaló, en contacto con Monumental 1080 AM, que el trabajo infantil afecta a los niños en estas zonas ya que existen muchas empresas familiares y resulta complicado convencer a los padres de que la actividad aún no es necesaria para el menor de edad.
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“El control municipal también es vital para esto y también se realiza un trabajo con los padres. En el caso de este niño, no era un trabajo familiar, y la olería ni siquiera estaba registrada. Lo contrataban para este tipo de tareas y le pagaban cerca de G. 10.000 por día. También usaba las maquinarias para amasado y corte de ladrillos”, explicó la ministra.
La secretaria de Estado mencionó que el niño fue asistido en el Hospital de Trauma y tras el accidente se está trabajando en conseguir una prótesis para el mismo, ya que quedó con un impedimento físico.
El mismo asistía a la escuela y vivía con sus abuelos. En tanto que la madre trabaja en el servicio doméstico en Asunción. La asistencia se dará para que el afectado pueda continuar con sus estudios y pueda desenvolverse más adelante.
Un equipo interinstitucional conformado por varias instituciones intervino, el pasado 7 de febrero, una cerámica de la ciudad de Tobatí, tras denunciarse que un niño de 9 años sufrió el desmembramiento de un brazo.
El fiscal a cargo es Gustavo Sosa, quien indaga las circunstancias del hecho. Posteriormente, se remitirá la causa a la Unidad Especializada contra la Trata de Personas y Explotación de Niños, Niñas y Adolescentes.
El nombre del niño se omite en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctima o supuesto autor de hechos punibles.
