El imputado, de nacionalidad paraguaya, de 31 años, enfrenta cargos por abuso sexual en niños, actos homosexuales con personas menores y violación del deber de cuidado o educación.
Conforme con la investigación, se sospecha que entre enero y junio de este año, en un inmueble ubicado en el kilómetro 14 de Minga Guazú, Departamento de Alto Paraná, el ahora imputado habría violado gravemente su deber de padre al exponer a su hija de 2 años a ritos en un local cerrado con consumo de alcohol y cigarrillos, poniendo en riesgo su desarrollo.
Asimismo, se atribuye al sindicado haber realizado actos sexuales en diversas ocasiones, entre 2020 y 2021, con un niño, cuando este tenía 9 años.
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De igual forma, se sospecha que en 2021, el encausado habría realizado actos homosexuales con un adolescente que en ese entonces tenía 15 años.
Las agresiones, que se produjeron en Minga Guazú y Hernandarias, habrían comenzado con tocamientos por parte del procesado, escalando hasta incluir el sexo anal con los menores.
Diagnóstico médico confirma violación a menores
La Fiscalía tomó conocimiento de los hechos mediante una denuncia radicada por una persona, quien relató la participación en un culto con supuestos “pai de santo” y rituales con consumo de sustancias, agresiones y la exposición de menores.
En el marco de la investigación, las víctimas fueron asistidas por una profesional sicóloga del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ocasión en que relataron crudamente los abusos sexuales sufridos.
Asimismo, el diagnóstico del médico forense determinó que los menores fueron violentados sexualmente.
Por lo tanto, la fiscala Coronel calificó preliminarmente los hechos basados en los artículos 135a, 138 y 226 del Código Penal y solicitó un plazo de cuatro meses para el requerimiento conclusivo.
Fiscalía pide prisión preventiva
Igualmente, la representante del Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado debido al peligro de fuga y a la posible obstrucción de la investigación, considerando la gravedad de los hechos y la familiaridad del imputado con las víctimas.
El nombre del imputado se mantiene en reserva para preservar la identidad de las víctimas menores de edad, una de ellas incluso es su hija pequeña de 2 años, en cumplimiento de lo establecido por el artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia.
