El fiscal Julio Ortiz, quien investiga un presunto perjuicio patrimonial millonario al Instituto de Previsión Social (IPS) con un contrato para la instalación de 11 quirófanos modulares, confirmó que la empresa Neighpart ya no será investigada y la causa se centra contra ex administradores de la previsional.
“Yo no lo estoy investigando a esa empresa, que ya fue investigada (y desestimada) en la barrial N° 7 de Asunción. Lo que a mí respecta es a la participación de funcionarios del IPS”, explicó a NPY.
Hasta el momento hay nueve procesados en el caso, pero el agente no descarta ampliar la imputación “si hay personas que tienen atribuciones de responsabilidades”.
LA CAUSA. La Fiscalía reveló que los nueve imputados tenían la obligación de proteger el patrimonio del IPS y no lo hicieron.
“Bataglia ya está inserto. ¿Por qué Bataglia? por ser presidente y, por ende, ordenador de gastos, él hizo adendas, abonó (a la empresa Neighpart) en la adenda N° 3 y N° 4. Hizo erogaciones cuando ya Contrataciones Públicas dijo que se pare el contrato”, mencionó el fiscal.
De igual manera, corresponde al ex titular de IPS Jorge Brítez porque él también avaló desembolsos y lo hizo pese a las recomendaciones de una auditoría interna, dejar sin efecto el contrato por incumplimientos. “Él también siguió pagando parte de una de las adendas que hizo Bataglia. Entonces, por ese motivo es que ambos están imputados”, declaró el fiscal del caso.
NUEVOS INFORMES. El investigador dijo mantenerse en la postura de que se cometió lesión de confianza, solo que hasta el momento está pendiente confirmar el monto real del perjuicio patrimonial. En principio se habla de G. 61.000 millones, ya que este es el monto consignado en el contrato.
Ortiz contó que espera por un informe pendiente para corroborar el monto final. “Eso es lo que tengo que contrastar con el IPS, que me tiene que proveer el documento. Estoy preguntando al IPS para poder ir aportando elementos probatorios y tal vez de ahí ver si existen otras personas responsables para ampliar (la imputación).”
También se espera el reporte del IPS sobre los equipos e insumos que ya proveyó la empresa Neighpart y si cumplió con el plazo del contrato. “O sea, la plata que se pagó, si coincide y si aparecen estos recursos”, dijo Ortiz.
Respecto a cuánto avanzó la obra, dijo que al constituirse al Instituto de Previsión Social pudieron corroborar que si bien hay materiales, pero no están los 11 quirófanos modulares.
IMPUTADOS. Hasta ahora, en la causa fueron imputados nueve ex funcionarios por el supuesto hecho de lesión de confianza. Se trata de los ex presidentes, Vicente Bataglia y Jorge Magno Brítez; y los ex gerentes de Logística y Abastecimiento Hugo Aranda y Jaime Caballero. También, los ex directores de Mantenimiento, José Raúl Coronel y Verónica Alexandra Blanco; los ex directores de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Juan Villar y Marcelo Bordón; y la asesora jurídica, Rosa Colmán.
La causa se centra en el Contrato N° 6/2020 con la empresa Neighpart Saeca, que pretendía reacondicionar e instalar 11 quirófanos en el séptimo piso, del Hospital Central del IPS, que hasta la fecha no existen.
- No estoy investigando a esa empresa, que ya fue investigada. Lo que a mí respecta es la participación de funcionarios.
Desestimó causa contra empresa
El 6 setiembre del 2023, el IPS denunció que la empresa Neighpart abandonó en el patio del IPS unos equipos modulares de quirófano embalados, sin autorización. La causa fue atendida por la fiscala Silvia González, quien investigó si los objetos estaban habilitados para ingresar a IPS. Como el plazo estaba todavía abierto y atendiendo que la firma no tenía lugar para guardar los insumos, pidió la desestimación de la causa el 16 de febrero del 2024. El pedido fue ratificado por la fiscala adjunta Lourdes Samaniego, por lo que el 6 de junio del 2024, el juez Humberto Otazú desestimó la causa.
Declaración de Pereira frena imputación a consejeros
“El miembro del Consejo de Administración (consejeros) es el quinto eslabón en resolver una licitación”, dijo el fiscal Julio Ortiz, al mismo tiempo en descartar ampliar una imputación en contra de los consejeros, en la causa penal por la licitación de los 11 quirófanos modulares.
En las últimas semanas, el propio agente fiscal afirmaba que “indefectiblemente” también los consejeros iban a ser procesados, lo que hoy echa por tierra, luego de la declaración en Fiscalía de Carlos Pereira, ex miembro del Consejo en la administración de Jorge Brítez.
¿TENÍAN OBLIGACIÓN? “Conforme a las actas remitidas por el IPS y con la lectura de la carta orgánica para ver las responsabilidades y atribuciones del Consejo de Administración no se establece una responsabilidad para las licitaciones”, confirmó el fiscal Ortiz.
Además, explicó que para que se configure una lesión de confianza se tiene que basar indefectiblemente ya sea en una ley, en un contrato o en una resolución que le obligue a alguien a proteger el interés patrimonial, que en este caso es del Instituto de Previsión Social.
“Llamé al doctor Carlos Pereira, quien fue miembro del Consejo de Administración. Teniendo en cuenta que él en sus votos lo hacía generalmente en disidencia o con observaciones o con abstenciones, lo llamé como testigo”, destacó el agente.
En una extensa declaración de 12 páginas ante el Ministerio Público, el ex consejero detalló ante el agente fiscal sobre las actuaciones y atribuciones del Consejo Administrativo, en una licitación.
“Con esto estoy solidificando la postura con respecto a los nueve imputados y también a su vez descartando la responsabilidad que pudiese tener desde el punto de vista penal los miembros del Consejo de Administración, tanto el actual como los salientes”, sostuvo Ortiz.
