El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Luis Piñánez acusó y pidió que la abogada Lourdes Rocío Aranda Benítez enfrente juicio oral por supuestamente estafar a una enfermera jubilada. Se trata de uno de los miles de casos de la mafia de los pagarés.
La abogada –quien hace años fue asesora jurídica de la Asociación Mutual del Hospital de Clínicas (Amuclin) hoy inexistente– demandó a la enfermera Luciana Bernadet, por una supuesta deuda falsa, logrando un embargo de G. 41.163.052.
Nunca finiquitó. El caso se inició en el 2016, cuando Bernardet formaba parte de la Aso, de donde los socios retiraban solo víveres y ropas, no así créditos de dinero. Ese mismo año, sin que la enfermera se entere, Aranda le inició una demanda y dos años después le convocaron a la afectada.
Luego, el 30 de agosto del 2018, cuando la abogada citó a la enfermera para comentarle sobre una deuda de G. 3.721.000 y Bernadet pagó dicho monto, bajo la promesa de que la demanda en su contra quedaría sin efecto.
A cambio, le dieron una constancia de cancelación de deuda, con la promesa de formalizar el finiquito ante el Juzgado.
Sin embargo, cinco años después, en el 2023, la enfermera jubilada se percató de un importante descuento de su sueldo por un monto de G. 1.456.243. Ante está situación, averiguó lo que ocurría y se encontró que la demanda en su contra no fue desistida. La primera demanda la promovió la abogada Lourdes Aranda y luego otra de nombre Julia Mabel Acosta, a quien Bernadet afirma no conocer. Según el expediente, la demanda era promovida por la firma Amuclin, bajo patrocinio de las abogadas.
Es decir, el juicio ejecutivo que comenzó en el 2016 nunca se finiquitó, es más, aumentó el monto a G. 41.000.000, y fueron promovidos con dos pagarés falsos por las supuestas deudas de G. 4.812.000 y de G. 9.996.203, más moras e intereses y regulación de honorarios.
El calvario. Ante esta situación, la enfermera jubilada Luciana Bernardet sufrió descuentos irregulares de manera mensual hasta agosto del 2025. En total, se le descontó la suma de G. 41.163.052 de su jubilación, mediante descuentos directos con el Banco Nacional de Fomento (BNF).
Notificaciones
Las notificaciones del juicio en este caso también son dudosas. Según la Fiscalía, los ujieres informaron haber llevado hasta el trabajo de Luciana Bernardet la notificación de la demanda, pero la enfermera ya estaba jubilada en ese entonces.
El fiscal Piñánez confirmó en su acusación que, “las notificaciones nunca cumplieron su misión, cual es la de darse por notificado y realizar presentaciones y defenderse en el juicio”.
