La Reserva Natural del Bosque Mbaracayú, una de las mayores áreas protegidas de la región, enfrenta desde hace años su mayor amenaza referente al avance exponencial de cultivos ilegales de cannabis dentro de sus límites.
El Mbaracayú es un santuario ecológico que abarca una extensión de 64.405 hectáreas y forma parte del Bloque Central del Bosque Atlántico del Alto Paraná (BAAPA).
Un informe de la Fundación Moisés Bertoni (FMB) revela que entre 1997 y junio de 2026 se detectaron 4.372 hectáreas de bosque para plantaciones ilegales de marihuana.
El documento confirma lo que guardaparques denuncian desde hace varios años, el ilícito, que hoy forman bloques de más de 140 ha. y están asociados a cacería furtiva, inseguridad y los incendios forestales de la reserva.
Según el monitoreo satelital y con drones de la FMB, entre 1997 y 2010 solo se habían habilitado 53,6 hectáreas en 42 parcelas. Sin embargo, el punto de inflexión fue en el 2012, año en que se tuvo un crecimiento acelerado del avance de estructuras narcos. Del 2016 al 2019, el promedio anual subió a 120 hectáreas, casi 4 veces más. En el 2020, fueron habilitadas 200 hectáreas y durante el 2021, la cifra se duplicó al año anterior a 400 ha., lo que demuestra el significativo avance de producción de cannabis en la reserva.
El pico histórico se dio tras un gran incendio en el primer trimestre del 2022, con aumento de 961,7 ha. en un solo año. El 2024 fue el segundo año más crítico con 824 hectáreas, también luego de un incendio que afectó al 20% de la reserva.
El informe resalta que el 75% de toda la superficie habilitada por grupos narcos se instaló en los últimos cinco años. Las nuevas zonas de mayor crecimiento se encuentran en el sureste y noroeste de la reserva.
“La implicancia va más allá de la superficie de bosque afectada. Hay presencia casi permanente de personas que cuidan las plantaciones, realizan cacería de animales silvestres y aumenta la criminalidad en la zona”, advierte el informe.
Incendios provocados. Los datos revelados por la FMB vinculan directamente las quemas de los bosques, que son provocados para “habilitar” parcelas de cultivo ilegal de marihuana. En ese sentido, remarca que en uno de los peores incendios registrado en el 2007, cuando más de 3.000 ha. resultaron afectadas, unas 1.000 ha. fueron utilizadas para la plantación de cannabis.
Entre setiembre y octubre de 2019 también se quemaron 6.170 ha. de bosque, afectando en gran parte zonas de cultivo. Esa cifra se duplicó en el 2020 a 12.604 hectáreas afectadas.
El registró más amplio se produjo en el 2024, cuando un gran incendio afectó 15.348 ha. de la reserva.
“Los incendios forestales donde las mayores superficies de bosque fueron afectadas han sido aquellos donde los focos se iniciaron”, señala el informe. Además, la Fundación también presenta un mapa de 2019 donde se muestra que la mayoría de los focos activos coincidían con las zonas de parcelas utilizadas por las organizaciones narcos.
Además del fuego, en las mencionadas parcelas se reporta el uso de productos químicos para el cuidado de los cultivos, que origina enfermedades respiratorias en la población por la humareda.
La FTC. Tras casi dos décadas sin poder frenar el avance de la plantación ilegal en la reserva, el informe registra una caída marcada a partir de mediados de 2025. La superficie detectada bajó de 824 ha. en 2024 a 450 hectáreas en 2025, una reducción del 50 por ciento, señala el documento.
En el primer semestre de 2026 solo se reportaron 107,8 ha., lo que significa un 74% menos que en el mismo periodo de 2024. Esta notoria disminución de plantación ilegal, según la FMB, se atribuye a la presencia de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC) en la zona.
“Los datos sugieren una marcada disminución... sin embargo, los hotspots o puntos rojos identificados requieren presencia y vigilancia constante para evitar el rebrote”, resalta el informe.
Pese a la baja en habilitación, el informe advierte que “las parcelas activas siguen siendo importantes”.
