El fiscal Rodrigo Estigarribia allanó la sede de la Gobernación de Central a fin de relevar in situ informes y documentaciones necesarias en el marco de la investigación de la supuesta clonación de facturas presentadas en la rendición de cuentas sobre los fondos Covid.
El Ministerio Público ya realizó otros allanamientos en la sede de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) en la ciudad de Asunción, además de estudios contables en otras zonas del Departamento Central.
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La Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público investiga facturas por un valor de G. 5.105 millones, de los G. 6.382 millones que destinó el Gobierno a las Gobernaciones, que fueron transferidas a la CIAP, para obras que se habrían construido para la reactivación económica.
La investigación inició luego de que se detectara que la Fundación CIAP presentó una rendición paralela a la de la Gobernación el 31 de mayo, con los documentos de CIAP en los que se notaron inconsistencias. Mientras que desde la fundación niegan que hayan presentado las facturas cuestionadas como falsificadas y pertenecientes a empresas “fantasmas”.
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También están en la mira unos G. 1.276.400.000 que fueron transferidos por la Gobernación al Consejo Regional de Salud, también parte de los USD 1 millón. En este caso llama la atención que los documentos dan cuentan de la adquisición de mobiliarios para hospitales de una metalúrgica en cuya dirección se halla solo un taller.
Nueva denuncia por malversación de G. 21.000 millones
Concejalas departamentales se reunieron este martes con los diputados integrantes de la Comisión de Cuentas y Control donde exhibieron facturas irregulares con respecto a nombres, fechas y función de las empresas proveedoras que hacen creer que los gastos mencionados por valor de G. 21.000 millones no tienen sustento.
Este dinero correspondería al presupuesto anual de la Gobernación de Central, que cada año recibe unos G. 160.000 millones. Los ediles lamentan que este esquema de corrupción exista desde el 2019.
El concejal Derlis Larroza señaló que hay serios indicios de corrupción, habló de una supuesta sobrefacturación en obras que no figuran en los documentos; empresas que denunciaron nunca haber emitido facturas a la Gobernación; gastos de estudios de impacto ambiental que no aparecen en informes ni documentaciones; empedrados fantasmas; entre otras irregularidades.
Cuestionaron que la Fiscalía no haya incluido esta denuncia en la investigación, así como el impedimento de intervención a la administración de Hugo Javier González, que estando al frente de la gestión podría obstruir en el caso.
