El procedimiento fue encabezado por el fiscal Alcides Espínola, en conjunto con agentes de Investigación de Hechos Punibles, Antimotines, Prevención y Seguridad, entre otros, de la Policía Nacional.
Los uniformados y el agente del Ministerio Público se trasladaron a la estancia Temi, ubicada en la Compañía Potrero Cubas del distrito de Paso Yobái, propiedad de John Lager, donde se realizan excavaciones mineras.
En el lugar se buscan armas de fuego que estarían siendo utilizadas por los trabajadores de la zona con el propósito de intimidar a los pobladores de la zona.
El portón principal por el cual ingresaron los agentes intervinientes contaba con un candado que tuvo que ser roto, ya que no se contaba con la llave para la apertura correspondiente.
En simultáneo, hay una manifestación de más de 1.000 pequeños mineros integrantes de la Coordinadora de Pequeños Mineros y Organizaciones Sociales de Paso Yobái, frente al predio allanado, que amenazan con ingresar al lugar a la fuerza, si las autoridades judiciales no liberan la zona.
Los mineros denuncian que trabajadores afines a un hombre identificado como Antonio Colmán se adueñaron del sitio y que se encuentran trabajando normalmente. Además, denunciaron que se impide la entrada al grupo de mineros que se encuentran manifestándose desde hace varios días en el lugar.
Según los datos, existe una medida cautelar que autoriza la apertura de portones mientras dure un juicio de cumplimento de contrato contra la firma Latin American Minerals Paraguay (Lampa SA).
La Coordinadora de mineros habían iniciado el juicio de cumplimiento del contrato contra la concesionaria y consiguieron una medida cautelar de prohibición de innovar, firmada por la jueza Vanessa Miño, que les permite seguir trabajando en el lugar mientras dure el juicio, sin embargo, otro grupo de mineros ingresó al sitio impidiendo la entrada de los integrantes de la coordinadora.
Según los denunciantes, el grupo de mineros que se encuentra dentro del predio, están bajo el liderazgo de Antonio Colmán.
En el mandamiento del allanamiento consta que la fiscala Rosa Arzamendia debía realizar el procedimiento, sin embargo, la misma fue recusada, por lo que el fiscal Alcides Espínola quedó a cargo.
No hallaron armas de uso ilegal
La comitiva que realizó el allanamiento en la cantera no encontró armas de uso ilegal en el lugar. El actuar de la Fiscalía fue repudiado por los manifestantes.
Según los mineros que siguen manifestándose frente al predio en conflicto, la información de que el lugar iba a ser allanado fue filtrada, por lo que las armas presumiblemente de uso ilegal fueron ocultadas y la Fiscalía no las halló.
Abraham Almada, titular de la Coordinadora de mineros, dijo a Última Hora que tiene evidencias de que los trabajadores liderados por Antonio Colmán, tienen en su poder más de 30 armas de fuego y lamentó que no se haya buscando correctamente.
“El jefe policial también vio como estaban armados acá, incluso vestidos de militares y es una lástima que no se haya encontrado nada. El fiscal desde hace rato que nos persigue. Encubre a Antonio Colmán”, denunció Almada.
Así también responsabilizó al fiscal interviniente de cualquier suceso que se pueda dar en las próximas horas, ya que en principio anunciaron que ingresarán al predio a la fuerza, pero finalmente esperarán a su asesor jurídico para tomar una decisión.
“Los portones siguen cerrados y ahora pedimos al Juzgado que nos dé una solución inmediata”, finalizó.
El fiscal Alcides Espinola dijo que la búsqueda de armas se realizó en vehículos, en una vivienda y en un molino, además de otros rincones de la propiedad, y que no se encontró nada, excepto dos armas calibre 12, cuyos documentos fueron presentados y se costaron que contaban con el permiso correspondiente, luego se retiraron del lugar tras labrar acta de todo lo actuado.
