La organización Tierraviva, en articulación con la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh), realiza un monitoreo de casos en distintas comunidades de la región occidental.
Según el relevamiento, al menos 10 personas adultas mayores intentaron cobrar sus beneficios sin éxito debido a obstáculos administrativos y geográficos que terminan excluyéndolas del sistema.
Uno de los problemas más graves es la distancia entre las comunidades y los puntos habilitados para el cobro, en gran parte del Chaco, los cajeros automáticos y sucursales bancarias se encuentran a decenas de kilómetros de las comunidades indígenas, obligando a ancianos y ancianas a emprender largos viajes, muchas veces en condiciones precarias y sin garantía de lograr retirar el dinero.
A esta situación se suma la escasa disponibilidad de transporte y las dificultades propias del territorio chaqueño, donde caminos en mal estado y largas distancias dificultan aún más el acceso. Para muchas familias, el costo del traslado termina siendo una barrera imposible de superar.
Desde la organización Tierraviva alertan además sobre la aplicación de criterios administrativos que desconocen esta realidad, según refieren varios beneficiarios fueron bloqueados automáticamente del sistema por “falta de movimiento bancario”, pese a que la inactividad se debía justamente a la imposibilidad de llegar hasta los puntos de cobro.
“Estas medidas terminan castigando a quienes ya viven en condiciones de vulnerabilidad”, señalan desde la organización, que acompaña los reclamos de las comunidades afectadas y busca instalar una mesa de trabajo con las instituciones responsables para revisar los mecanismos de acceso.
Otro de los reclamos apunta a la falta de reconocimiento de pagos retroactivos en los casos de personas que lograron reincorporarse al programa luego de haber sido bloqueadas.
Según denuncian, los montos correspondientes a los meses no cobrados no son restituidos, generando una pérdida económica importante para familias que dependen de esos ingresos para subsistir.
Para las organizaciones indígenas y de derechos humanos, el problema refleja la ausencia de un enfoque intercultural en el diseño de las políticas públicas. Consideran que el sistema actual fue pensado desde una lógica urbana y centralizada, sin tener en cuenta las particularidades de las comunidades indígenas del Chaco.
Las comunidades exigen respuestas urgentes del Estado paraguayo y la adecuación de los mecanismos de acceso a derechos sociales básicos.
Sostienen que garantizar el acceso efectivo a la pensión para adultos mayores no solo significa asegurar un ingreso económico, sino también reconocer la dignidad y los derechos de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones.
