La acusación es por violación del deber de cuidado o educación. El caso está penado con hasta tres años de prisión o multa y la acusada está procesada en libertad, según los antecedentes.
El Ministerio Público solicitó la elevación de la causa a juicio oral y público, tras concluir las diligencias investigativas que, según la Fiscalía, revelaron presuntas omisiones en la actuación de la docente que tenía a su cargo el acompañamiento del alumno como profesora guía.
De acuerdo con la acusación, la docente habría tenido conocimiento de situaciones reiteradas de acoso escolar que afectaban al estudiante, pero no habría activado los mecanismos establecidos en la Ley 4633/12 y en el Protocolo de Atención en Instituciones Educativas para Casos de Violencia entre Pares y/o Acoso Escolar, aprobado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) mediante la Resolución 8353/12.
La Fiscalía sostiene que la acusada no habría comunicado los hechos a la dirección de la institución ni a las autoridades educativas correspondientes, tampoco habría elaborado los informes técnicos requeridos ni aplicado los indicadores previstos en el protocolo de intervención.
Además, la investigación señala que presuntamente no se adoptaron medidas urgentes de protección, acciones de intervención ni un seguimiento formal del caso, lo que habría impedido activar oportunamente el sistema institucional previsto para estos hechos.
Como parte de las diligencias, la fiscal Coronel ordenó la realización de una autopsia psicológica, una herramienta técnico-científica utilizada para reconstruir el estado emocional, conductual y psicosocial de la víctima antes de su fallecimiento.
Según el Ministerio Público, este estudio permitió identificar señales de alerta vinculadas al deterioro progresivo de la salud emocional del niño, además de establecer una cronología de los acontecimientos y analizar la existencia de factores relacionados con el acoso escolar.
La acusación sostiene que el niño habría permanecido expuesto a situaciones de hostigamiento sin que se activaran de manera oportuna los mecanismos de protección establecidos por la normativa educativa.
Entre los efectos señalados por la Fiscalía figuran aislamiento, tristeza persistente, frustración, síntomas depresivos, disminución del rendimiento académico, debilitamiento de la red de apoyo y un aumento del riesgo suicida.
Los resultados de la autopsia psicológica fueron contrastados con informes institucionales, documentos del MEC y otros elementos reunidos durante la investigación, que fueron utilizados para analizar la posible relación entre las omisiones atribuidas a la docente y las consecuencias sufridas por el estudiante.
Los nombres se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia que prohíbe publicar datos que permitan identificar a menores en condición de víctimas o victimarios.
