El fiscal Anticorrupción Luis Piñánez manifestó su indignación ante el fallo del tribunal de Sentencia, que este miércoles extinguió la causa que enfrentaba el diputado colorado Tomás Rivas por el supuesto pago con dinero público a sus empleados particulares, en un caso conocido como caseros de oro.
El tribunal de Sentencia, con voto dividido, decidió extinguir la causa por la supuesta reparación del daño al Estado por G. 121 millones. Ante esto, Piñánez sostuvo que no se dieron las condiciones para la extinción de la acción penal, informó la Fiscalía.
Además, planteó un recurso de reposición, alegando que el acuerdo utilizado para el efecto, no fue firmado por la Procuraduría General de la República, sino por el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, quien no es parte del proceso.
“Concretamente, (los jueces) violaron la ley. La extinción se da por una supuesta reparación integral del hecho y la que tiene que aceptar esta reparación es la víctima. Esto se hace a través de un acuerdo de voluntades, ese acuerdo firmó una persona que no tiene legitimación activa”, comentó el fiscal Piñánez, refiriéndose a Pedro Alliana.
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En el acuerdo firmado fue establecido que el cuerpo legislativo no tiene objeciones contra el acusado, atendiendo que este depositó la suma de G. 121.208.000 en concepto de “reintegro a la Cámara de Diputados”.
El representante del Ministerio Público recordó que los caseros sí fueron condenados y que el hecho punible y el daño patrimonial existieron.
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Esta determinación se habría tomado luego de que el acusado haya resarcido el perjuicio patrimonial que sí fue ocasionado y que para la Fiscalía es independiente al proceso penal.
Los magistrados que votaron a favor fueron Héctor Capurro y Juan Carlos Zárate, mientras que la jueza Cándida Fleitas votó en disidencia.
El caso
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los caseros recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del diputado Tomás Rivas.
El legislador fue procesado a raíz de publicaciones periodísticas del diario Última Hora, en el año 2017, que corroboraron que los supuestos funcionarios de Rivas en el Congreso Nacional no prestaban servicio alguno en la sede legislativa.
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Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, conocidos como los caseros de oro, fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios y no irán a prisión.
En el caso de Franco, el perjuicio fue de G. 24 millones; de Chaparro, de G. 16.937.080, y de Romero, de G. 16.895.830.
