Los acusados Reinaldo Chaparro, Nery Franco y Lucio Romero, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a 2 años de cárcel con la suspensión a prueba de la ejecución de la pena, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
Esto significa que los tres fueron hallados culpables por cobro indebido de honorarios, pero no irán a prisión.
El Tribunal integrado por los jueces Inés Galarza, Víctor Medina y Olga Ruiz tuvieron en cuenta la prohibición de la reforma en perjuicio. Solo la defensa apeló y la nueva pena no puede agravar la sanción anulada.
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El juicio oral y público de los tres procesados comenzó el pasado 20 de julio por los presuntos delitos de cobro indebido de honorarios y estafa.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los tres recibían salarios de la Cámara de Diputados, cuando en realidad cuidaban las propiedades del legislador colorado.
La defensa de los mismos solicitó nulidad de acusación y excluir varias pruebas.
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En febrero de este año se iba a iniciar el juzgamiento del caso, pero se había postergado para permitir que si Tomás Rivas iba a juicio oral, se realizara la acumulación del caso, y se hiciera un solo juzgamiento para todos los acusados.
Sin embargo, hasta ahora no se pudo realizar el juicio oral del parlamentario debido a una apelación y otras chicanas. Por eso, iniciaron antes el juicio para los demás involucrados.
El diputado colorado está procesado a raíz de publicaciones periodísticas de Última Hora en el año 2017, que corroboraron que los supuestos funcionarios de Rivas en el Congreso Nacional no prestaban servicio alguno en la sede legislativa, pero igual cobraban salarios.
Sanción anulada
El 28 de agosto del 2020, los jueces Carlos Hermosilla, Héctor Escobar y Wilfrido Peralta habían sentenciado a los conocidos como caseros de oro, pero luego fue parcialmente anulada por recursos de apelaciones los primeros días de diciembre del año pasado.
En ese juicio oral y público habían sido condenados por estafa y la Cámara de Apelaciones, integrada por Arnulfo Arias, Emiliano Rolón y Óscar Rodríguez Kennedy, consideró que la sentencia tiene sustentación defectuosa, ya que no se describía la condena de cada uno.
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Se le había condenado a Chaparro a tres años de cárcel, mientras que para los demás la pena fue de dos años y medio. El fiscal Luis Piñánez también había acusado por cobro indebido de honorarios, pero el Tribunal dijo que eso no se probó.
Se demostró la estafa en contra del Estado, ya que percibían salario sin trabajar en Diputados. Explicaron que en el caso de Franco el perjuicio fue de G. 24 millones, de Chaparro de G. 16.937.080, y de Romero fue de G. 16.895.830, por los salarios cobrados.
