El fiscal Bernardo Elizaur presentó acusación contra los ocho concejales de la ciudad de Arroyos y Esteros imputados por una supuesta usurpación de funciones y solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
La Jueza de Garantías, Silvia Carolina Cáceres, dio trámite de oposición y remitió el expediente judicial y la carpeta de actuaciones al fiscal general, Emiliano Rolón, para que rechace o se ratifique en la acusación en un plazo de 10 días.
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Los pobladores se volvieron a manifestar frente al Palacio de Justicia de Cordillera y luego se trasladaron hasta la Gobernación para escrachar al gobernador Denis Lichi, lanzando huevos como repudio a lo que consideran una traición y del intendente José Filippi.
Los ciudadanos se oponen a la construcción de un vertedero en la zona, alegando preocupaciones ambientales y de salud.
La Junta Municipal solicitó la nulidad del proyecto y los pobladores vienen realizando manifestaciones para expresar su rechazo.
La situación ha generado controversia, ya que la Intendencia defiende el proyecto como una solución de gestión de residuos y asegura que busca reemplazar los vertederos clandestinos existentes.
Los ciudadanos de Arroyos y Esteros expresan su descontento con la construcción del vertedero en su comunidad, argumentando que esto podría generar problemas de contaminación y afectar la salud, especialmente la de niños y personas con enfermedades.
La posición de la Junta Municipal fue la de anular el proyecto, argumentando que la zona elegida para el vertedero no es adecuada. Ocho concejales se encuentran imputados por la supuesta usurpación de funciones públicas, luego de revocar la resolución del intendente.
La situación ha generado tensión entre la comunidad y las autoridades locales, con manifestaciones constantes y protestas por parte de los ciudadanos.
Los habitantes señalan que el vertedero podría afectar a los humedales del río Piribebuy, específicamente en las compañías Mainumby y Coronillo, y que el proyecto no cuenta con estudios de impacto ambiental adecuados.
A pesar de la oposición, la empresa encargada del proyecto no ha abandonado las actividades y la situación ha generado incertidumbre y debate sobre la viabilidad del proyecto.
Según los pobladores, existen intereses económicos importantes, políticos con mano negra que constantemente están manipulando la justicia.
