El 13 de junio de este año, habían sido absueltos Alberto Daniel Ferreira Martí, Hugo Danilo González Rodríguez y Silvia María Jara Acha.
Los jueces de Sentencia, Victoria Ortiz, Lourdes Garcete y Ubaldo Matías Garcete habían absuelto de forma unánime por dudas a Jara, mientras que el mismo beneficio concedieron –en mayoría– a Ferreira y González, señalando que no se probaron los hechos con relación a ambos.
Las tres personas habían sido acusadas por lesión de confianza, ya que dictaminaron y recomendaron la compra de los equipos, pese a presuntas irregularidades en el proceso de contrataciones.
En esta causa, De Vargas fue condenado a 3 años de cárcel por lesión de confianza, mientras que Luis Rojas –también ex ministro– recibió 4 años y 6 meses de prisión.
ERRORES. En su apelación, el fiscal expuso que la resolución del Tribunal contiene “vicios de la sentencia, errónea aplicación de normas penales sustantivas y la presencia de defectos del procedimiento por aplicación errónea de norma legal procesal”.
Mencionó que el análisis de los jueces “resulta ser defectuoso”, ya que solo se limitaron a decir que no existe el perjuicio patrimonial, pero al estudiar la conducta de otros coprocesados, que ya habían sido juzgados antes...”
En el caso de Alberto Daniel Ferreira Martí (jefe de UOC), por ejemplo, él recibió una nota del entonces director general de la Senad, Luis Rojas, (también ex ministro), el 9 de julio de 2012.
Allí es donde “surge la intervención de Ferreira”, quien realizó un dictamen donde expuso las razones técnicas, tecnológicas, operativas y comerciales para la compra del sistema de rastreo sensitivo.
“Allí es donde, se establecen deducciones inequívocas, que indican que Alberto Daniel Ferreira Martí tuvo una relación en el hecho delictivo”, citó el fiscal.
Expresó que solo hasta ahí eran los hechos atribuidos al acusado y que solo eso debían analizar los jueces. “¿Cómo el Tribunal pudo analizar conductas atribuidas a otros coprocesados, para llegar a la convicción de la inexistencia de perjuicio patrimonial?”, se preguntó el fiscal.
El agente pidió anular o revocar la sentencia de absolución y que se haga un nuevo juicio, con un Tribunal de Sentencia diferente.
