Los fiscales José Martín Morínigo, Francisco Cabrera y Diana Gómez imputaron a Rodrigues Gomes por supuesto lavado de activos, por lo que fue citado a audiencia de imposición de medidas.
Durante la audiencia, la Fiscalía pidió la prisión preventiva, mientras que la defensa técnica, si bien no se opuso a la imposición de esa medida, solicitó el traslado del imputado a un módulo penitenciario correspondiente a personas procesadas sin condena.
Además, la defensa requirió que se libren oficios al Ministerio de Justicia y a otras dependencias, a fin de recabar informes vinculados a la conducta y situación penitenciaria de su asistido.
El juez analizó las condiciones de la prisión preventiva, sobre la existencia del hecho, donde indica que según los documentos acompañados con la imputación, se advierte que los hechos atribuidos al encausado se subsumen, en esta etapa procesal, dentro del tipo penal de lavado de activos, cuya expectativa de pena es grave.
Después, respecto a la participación del imputado, indica que del relato hecho en la imputación surge, en grado de sospecha, una probabilidad razonable de que Alexandre Rodrigues Gomes habría intervenido en maniobras orientadas a frustrar el eventual comiso de bienes.
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Esto, afirma que mediante la alteración de datos registrales y la posterior transferencia de inmuebles a favor de terceros, en el marco de investigaciones previas vinculadas a criminalidad organizada.
“Tales extremos resultan suficientes, en esta etapa, para tener por acreditado el presupuesto de probabilidad exigido por la norma procesal”, acotó.
Sobre el peligro de fuga, deben ponderarse de manera conjunta la expectativa de pena abstracta, la pluralidad de procesos penales que involucran al imputado, la complejidad de la investigación y la naturaleza organizada de los hechos investigados, factores que, apreciados en su conjunto, permiten concluir razonablemente que su libertad podría comprometer su sometimiento a las resultas del proceso penal.
Sobre los pedidos de traslado, el juez dice que son cuestiones propias del régimen de ejecución penitenciaria, que exceden la audiencia en cuestión.
El juez sostiene que se hallan reunidos todos los presupuestos para la prisión preventiva, con lo que tipifica el caso como lavado de activos, y decreta la prisión preventiva que cumplirá en el Centro Penitenciario de Reinserción Social “Martín Mendoza”.
