14 dic. 2025

Feprinco y UIP advierten dudas sobre seguridad jurídica que frenan economía

La destitución de Kattya González sigue generando reacciones. Ambos gremios empresariales piden respetar la institucionalidad para no empañar el desarrollo económico del país.

“Vemos con preocupación los hechos acontecidos en el Senado, sin el debido proceso y el uso del reglamento aprobado por el mismo colegiado. Esto genera dudas sobre la seguridad jurídica y presenta las debilidades de nuestra democracia”, expresa el comunicado de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), publicado ayer.

El pronunciamiento se da a días de concretarse la polémica destitución de la Cámara de Senadores de la ex congresista opositora Kattya González, por lo que distintos sectores civiles y empresariales han manifestado su preocupación ante el hecho ocurrido. El sector empresarial teme que esto dañe la imagen país.

“Nuestro país necesita avanzar hacia el grado de inversión y aumentar la inversión extranjera, y lo acontecido empaña este proceso”, advierte la Feprinco.

Asimismo, insistieron que el crecimiento de la economía (como mínimo al 4% anual del PIB) es el “único camino para mejorar la oferta laboral y dignificar a los paraguayos” y llaman a los tres Poderes del Estado a alinear sus objetivos hacia el bienestar de la gente.

“Exigimos poner foco hacia la reforma del sistema de salud, en especial la mejora en la gestión del IPS, que pasa por una crisis financiera, y en la mejora de la gestión para disminuir la burocracia en las distintas instituciones del Estado. La falta de resultados a los reclamos básicos de Salud, Seguridad y Educación tendrá sus consecuencias más temprano que tarde”, solicitó la Feprinco. El escrito concluye recordando que Paraguay ganó la confianza internacional sobre su economía por el buen trabajo en la gestión macro, “falta ahora hacerlo hacia lo micro y así lograr el bienestar de nuestra gente”.

UIP. Por su parte, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), también expresó preocupación ante lo sucedido en el Parlamento. “El orden constitucional, el debido proceso, las garantías procesales, el derecho a la defensa, la aplicación justa y oportuna de reglamentos y leyes, la igualdad ante la ley constituyen la base fundamental de la seguridad jurídica en la convivencia democrática”, sostiene la UIP en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Subraya que la democracia como modelo político, junto con el libre mercado desde el punto de vista económico, son los mecanismos que se consagran en la Constitución Nacional como impulsores de la convivencia nacional y la búsqueda del bienestar general.

“Llamamos al sector político en general y a los poderes del Estado en particular a la reflexión, a colocar los intereses generales de la Nación en primer lugar. Necesitamos un espacio seguro de convivencia, de confianza y diálogo, de demostración por medio de actos y no solo de declaraciones que expresen que las garantías y los derechos serán respetados, que los procesos institucionales serán garantizados, que lo escrito será cumplido, que los contratos, jurídicos y sociales, serán honrados”, enfatizan los industriales.

El gremio se compromete a seguir luchando por dar oportunidades laborales y seguir creando nuevas empresas; a cambio, pide estabilidad política y señala que “si la realidad no se materializa con la expectativa, nos será cada vez más difícil concretar el Paraguay que todos soñamos”.

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Calificación. Fitch, Moody’s y S&P unificaron su calificación de BB+ para Paraguay.

Paraguay a un paso del grado de inversión

Recientemente, Paraguay obtuvo la calificación BB+ (estable) por parte de la calificadora de riesgo Standard & Poor’s, la cual se elevó tras 10 años de mantener su calificación en BB que, si bien es positiva, con la nueva calificación, el país se ubica a un paso de tener la calificación de grado de inversión.

De esta manera, Paraguay logró unificar su calificación BB+ ya obtenida con Moody’s y Fitch Ratings.

Sin embargo, las calificadoras mencionan en sus observaciones como limitantes para que se pueda conseguir esta categoría la a debilidad institucional, el débil Estado de derecho y la corrupción.

En materia económica, el país todavía debe avanzar en la reformas estructurales que permitan mejorar el gasto público y así cumplir con el objetivo de la convergencia del déficit fiscal al 1,5% del PIB, y la reforma de la caja fiscal.

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