10 jun. 2025

Familia Pecci acciona ante la Corte al no poder acceder a investigación de la Fiscalía: ¿Qué se plantea?

La familia de Marcelo Pecci presentó una acción de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia ante las reiteradas negaciones de información sobre el crimen por parte de la Fiscalía y del juzgado penal de garantías. Se trata de la última instancia a nivel local.

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La familia Pecci recurrió a la Corte para acceder a información sobre el crimen del fiscal, ocurrido en 2022 en Colombia.

Archivo ÚH

En representación de los hermanos de Marcelo Pecci, el abogado Enrique Kronawetter promovió en la mañana de este miércoles una acción de inconstitucionalidad contra el fallo del tribunal de apelaciones que ratificó la negación de acceso a la investigación luego de casi tres años del crimen.

Tanto la viuda del fiscal, Claudia Aguilera, como los hermanos Francisco y Gabriela Pecci habían recurrido al Ministerio Público para acceder a información sobre los avances de la investigación del asesinato, pero ante la negativa, la familia recurrió al juzgado, donde recibieron la misma respuesta de parte del juez penal de garantías Yoan Paul López.

Lea más: Familia Pecci recurre a la Corte al no poder tener acceso a investigación de la Fiscalía

La Fiscalía y el tribunal de apelación argumentan que la divulgación de información pone en riesgo la investigación, aunque hasta ahora no se reportaron siquiera imputados en el marco de la carpeta N.° 9088 de personas innominadas sobre homicidio doloso.

Por su parte, la familia garantiza el resguardo de la información relevante para la investigación porque, además, es una parte interesada para llegar al o los autores morales del crimen.

Los hermanos apelaron la resolución del magistrado, pero el tribunal de apelaciones rechazó el recurso con el voto de disidencia de Cristóbal Sánchez.

El último recurso a nivel nacional es la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y en ese sentido la familia no descarta recurrir a instancias internacionales.

En el documento, Kronawetter refiere que se están violando los artículos 26, 28, 45, 46 y 47 de la Constitución Nacional que aseguran el acceso a las víctimas a la justicia y más que un resarcimiento, a saber qué se está investigando, de manera a dar un “único alivio posible” a la familia como es la búsqueda de una verdadera justicia.

Se respalda, además, en el artículo 67 del Código Procesal Penal que reconoce como víctima al cónyuge y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, mientras que el artículo 68 establece como derecho estar informado y a intervenir en el proceso penal.

Hasta el momento, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, entregó a la familia solo una lista informal de supuestas diligencias, sin explicaciones de su alcance y sentido.

Informaciones solicitadas por la familia

1. Acceso a información específica sobre las pesquisas realizadas y una evaluación preliminar sobre el progreso hacia una teoría del caso.

2. Cuáles son las hipótesis trazadas sobre la teoría del caso a la luz de lo ya investigado.

3. Qué pretende conocer respecto a las diligencias pendientes.

4. Cuáles son los motivos por los cuales las diligencias están pendientes de realización, señalando los obstáculos para el avance y el modo en que se puedan superar las dificultades.

5. El tiempo estimado para que las evidencias y elementos colectados les permita sostener razonablemente una línea o líneas sobre la teoría del caso.

6. Contar con un respaldo documental de lo actuado por la Fiscalía, de modo que se pueda adoptar un temperamento procesal sobre dicha información, con la expresa obligación de que se asume mantener estricta reserva sobre el tenor de dicha información.

El crimen del fiscal Marcelo Pecci

El fiscal de Crimen Organizado, Marcelo Pecci, se encontraba de luna de miel con su esposa Claudia Aguilera en la isla Barú, en Cartagena, cuando fue abordado por un sicario que lo mató a balazos en la playa. El asesinato ocurrió el 10 de mayo de 2022, horas después de que la pareja anunciara el embarazo de la comunicadora.

Por el crimen fueron condenados en Colombia los hermanos Andrés Felipe y Ramón Emilio Pérez Hoyos, Wendre Still Scott, Eiverson Adrián Arrieta Zabaleta, así como los cómplices Marisol Londoño Bedoya y Cristian Camilo Monsalve Londoño.

Francisco Correa, considerado el cerebro del plan, llegó a un preacuerdo con la Fiscalía colombiana y fue condenado en mayo de 2024 a seis años y medio de cárcel. Sin embargo, fue asesinado en su celda en enero pasado.

Por su parte, Margareth Chacón, quien obtuvo una pena de 35 años por su participación en el asesinato, sigue recurriendo a instancias para intentar revocar esta decisión.

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