La interna colorada es una olla a presión. Tensiones normales en tiempos de definición electoral. La típica disputa entre oficialistas y disidentes con impacto en la gestión del Estado por su poder hegemónico. No hay municipio, gobernación, ministerio, juzgado, Congreso, negocios, que no sientan los efectos colaterales de esta pugna que puede reacomodar piezas. Y en medio de esta guerra aparecen los fusibles que saltan, explotan para contener una crisis, proteger o reducir impactos. Cabezas que ruedan, manos que sueltan, amigos que se acompañan hasta la puerta del cementerio.
En estos días, dos han sido las cabezas puestas en la pica en esta sátira habitual que los colorados representan cada vez que necesitan reconectar con la sociedad porque tienen elecciones en puerta.
Erico Galeano, senador colorado cartista, condenado a 13 años de prisión por asociación criminal y lavado de dinero del narcotráfico (caso A Ultranza).
Hernán Rivas, senador colorado cartista, acusado de producción y uso de documentos públicos de contenido falso, relacionado con su título de abogado. La más grande estafa político jurídica en toda la historia democrática.
Ambos tuvieron la protección y el blindaje de sus pares cartistas y satélites en el Senado. Descartaron las pruebas periodísticas, las denuncias, las sentencias judiciales y las voces que pedían al menos algo de dignidad. Los protegieron incluso inventando figuras legales para otorgarles un permiso especial de modo que sigan siendo senadores para litigar desde sus mansiones. Justificaron la aberración política alegando “presunción de inocencia”. Esa que no tuvieron con Kattya González cuando la expulsaron.
Pero la Justicia, esa que tantas deudas tiene con la sociedad, por su corrupción, por su cobardía, por su ausencia, es también una olla a presión que cuando explota hace volar por los aires la intrincada impunidad que siempre triunfa cuando el poder se sienta en el banquillo de los acusados.
LOS CASOS.
El lunes 4 de mayo, un tribunal de Apelaciones confirmó la sentencia de Erico. Allí empezó a inquietarse Honor Colorado, a distanciarse y rogarle que renuncie. No es un corrupto más. Está vinculado al narcotráfico. Hasta hoy se aferra al cargo. Si no renuncia, el martes lo echan, según promete el oficialismo.
Pero la bomba llegó tres días después con la decisión de la Corte Suprema que anuló la escandalosa y vergonzosa prescripción del caso Rivas y lo obligó a ir a juicio oral y público. En una decisión que destaca por su llamativa celeridad, la Sala Penal, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera y Carolina Llanes, y el camarista Arnaldo Fleitas, cortó la “buena racha” que Rivas iba teniendo en la Justicia, a fuerza de trueques con los jueces y amenazas a la fiscala de su caso.
Ambas decisiones judiciales oxigenaron a una sociedad que vive presa en un clima de exasperante impunidad.
Se pueden analizar las razones del giro del Poder Judicial con respecto a los dos pesos pesados del cartismo, que con su manto de protección dejó en claro que eran intocables. Se debe acotar que el movimiento tomó la decisión de apartarlos recién cuando la Justicia habló fuerte y claro. No fue una decisión política, ética, de una necesidad de dar señales de integridad. Fueron acorralados y solo por eso entregan sus cabezas en la previa de las internas municipales y porque puede afectar el relato de cara al 2028. Justamente porque en las encuestas con vistas a las presidenciales, aunque prematuras para sacar conclusiones, un candidato de la oposición está muy bien posicionado. Con Erico y Rivas a cuestas, no hay márketing que funcione.
Lo dijo con sinceridad el senador Basilio Núñez. “Yo creo que a veces hay que dar también señales de institucionalidad, hay que priorizar a la Patria (antes) que la lealtad al amigo”. O sea, ocasionalmente, de vez en cuando, en algunas ocasiones, se debe romper ese pacto cuasi mafioso cuando lo coyuntura lo exija, presione, cuando el escenario no puede soportar tanto peso muerto.
Por eso la indignación social canalizada a través de las fuerzas mediáticas independientes son importantes. Porque pueden impulsar los cambios cuando los partidos políticos se encapsulan para proteger sus intereses y a sus delincuentes, apoyados por una formidable red institucional y una maquinaria comunicacional privada y pública que apela a las campañas de odio para manipular a la opinión pública y destruir adversarios.
La Justicia también se siente presionada por la rabia social contra esa claque a la que pertenecen muchos jueces. La gente les reclama que ejerzan su poder. Y cuando lo hacen, más allá de las conveniencias, hay optimismo y expectativa.
En todas las decisiones hay cálculos políticos. La Justicia no está exenta de los vaivenes del poder. Pero qué esperanzador cuando “falla el sistema”, cuando se abre esa grieta en la matrix que pervierte las instituciones. Como la fiscala Patricia Sánchez que tuvo la valentía de denunciar la amenaza de Rivas con nombre y apellido, como los jueces del caso Erico, como la Sala Penal en el caso Rivas y los que se animan, a pesar de las presiones, acusar y juzgar a los corruptos.
No basta con la renuncia o expulsión de Rivas y Erico del Senado. Ambos son piezas de un engranaje que articula los negocios al margen de la ley con conexiones institucionales. Como la narcopolítica y la industria de los títulos falsos, que generan millones de dólares de ganancias para el “equipo”.
Deben caer también los que posibilitaron que ello ocurra. Están allí, con nombre y apellido.
Y también están allí los que deben ejecutar los cambios y aplicar los castigos. Con nombre y apellido.
“Galeano y Rivas tuvieron la protección y el blindaje de sus pares cartistas y satélites en el Senado”.
