La noticia de que las solicitudes de nuevas industrias electrointensivas ya alcanzan unos 6.300 MW —prácticamente toda la potencia disponible para Paraguay en Itaipú— constituye una excelente noticia para el país, sostuvo el experto Guillermo López Flores. Demuestra que, por primera vez, existe un interés real por transformar nuestra ventaja hidroeléctrica en desarrollo industrial, agregó.
“Sin embargo, esta oportunidad histórica nos encuentra institucionalmente desprevenidos (con los pantalones bajo). El problema no es la falta de energía, sino la ausencia de una política nacional para administrarla estratégicamente”, lamentó.
Agregó que durante décadas el país estaba muy tranquilo con la cesión de energía. Hoy nos preocupamos por venderla. El escenario ha cambiado por completo: existe más demanda potencial de proyectos estratégicos que potencia disponible para atenderlos. La abundancia comienza a transformarse en un recurso que debe administrarse con inteligencia, sostuvo.
Según López Flores, este embotellamiento responde, principalmente, a tres factores. El primero es la demora, por más de tres años, en concluir la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú. “Mientras no exista una definición estable sobre la tarifa y las condiciones comerciales futuras, resulta difícil para cualquier inversionista comprometer cientos o miles de millones de dólares en proyectos cuyo principal insumo será la electricidad durante las próximas décadas”.
El segundo, y probablemente más importante hacia el futuro, es la ausencia de una política nacional de asignación estratégica de potencia. El debate se ha concentrado casi exclusivamente en cuánto cobrar por la electricidad, cuando la pregunta verdaderamente relevante es otra: ¿A quién debemos asignar un recurso que comienza a ser escaso?
Cuando la demanda potencial equivale prácticamente a toda la potencia disponible, el Estado ya no puede limitarse al criterio de “primero en llegar, primero en ser atendido”. Debe priorizar aquellos proyectos que generen el mayor beneficio para el país, señaló.
No todas las industrias electrointensivas producen el mismo impacto económico. Algunas apenas consumen electricidad; otras transforman esa electricidad en empleo calificado, exportaciones, innovación, sustitución de importaciones, desarrollo de proveedores nacionales y nuevas capacidades tecnológicas. Es sobre estos criterios –y no únicamente sobre los megavatios demandados– que debería construirse una verdadera política industrial.
El tercer factor, según el experto, es la insuficiente preparación institucional. La ANDE enfrenta un desafío que supera su función tradicional. Ya no basta con determinar si existe capacidad técnica para una conexión. Las decisiones involucran prioridades nacionales de desarrollo, política industrial y planificación energética, competencias que requieren definiciones del Poder Ejecutivo.
Frente a esta nueva realidad, Paraguay necesita establecer una política nacional de asignación estratégica de potencia para grandes consumidores, con criterios transparentes y objetivos de evaluación. Entre ellos deberían figurar el valor agregado nacional por MWh (VAN/MWh), la generación de empleo, la transferencia tecnológica, la sustitución de importaciones, el potencial exportador, la innovación y el desarrollo regional.
- 6.300 MW de potencia es lo que solicitan las empresas electrointensivas a la ANDE hasta la fecha.
La tarifa seguirá siendo importante, pero dejará de ser el único criterio de decisión
Existe además un aspecto poco discutido. Si el Estado decide promover determinadas inversiones mediante incentivos tarifarios, dichos incentivos no deberían financiarse deteriorando los ingresos de la ANDE. Deben justificarse por el beneficio económico que el propio proyecto genera para el país.
Un ejemplo lo ilustra con claridad. Paraguay importa fertilizantes por aproximadamente 700 millones de dólares anuales. Si una nueva industria nacional lograra sustituir apenas el 10% de esas importaciones, estaría incorporando alrededor de 70 millones de dólares por año a la economía paraguaya. En comparación, un incentivo tarifario de 10 USD/MWh para una planta de 100 MW representaría aproximadamente 8,8 millones de dólares anuales. Es decir, el retorno económico sería cercano a nueve veces el costo del incentivo.
La electricidad debe dejar de administrarse como una simple mercancía. Debe convertirse en un instrumento de política industrial y de desarrollo nacional.
El verdadero desafío ya no consiste en vender más electricidad. Consiste en utilizar inteligentemente nuestra riqueza hidroeléctrica para construir una economía más diversificada, más sofisticada y con mayor capacidad de generar valor.
La abundancia, cuando se administra sin estrategia, puede convertirse en una oportunidad perdida.
