El impulso del Ejecutivo para explorar el subsuelo chaqueño en busca de gas, litio y uranio, sumado a reformas legislativas y un plan estratégico impulsado desde el Senado, enciende las alarmas de ambientalistas y comunidades indígenas, que advierten sobre los riesgos de erosión, violaciones de derechos y la ruptura de compromisos ambientales internacionales.
El presidente Santiago Peña deberá enfrentar una nueva confrontación con las organizaciones de la sociedad civil, esta vez, por la defensa del Chaco, que está en la mira tanto de empresas privadas locales como internacionales.
Apuesta al subsuelo. El modelo que promueve Santiago Peña es claro. El gobierno comenzó a marcar un viraje conceptual y económico en el diseño de desarrollo del país. El presidente sostuvo que históricamente la producción paraguaya se basó exclusivamente en recursos sobre la superficie, como la ganadería y la agricultura, pero afirmó que el futuro estará determinado por el acceso a los minerales y recursos ocultos bajo el suelo.
La hoja de ruta planteada por el Ejecutivo abarca proyectos de prospección de litio, uranio y gas natural. El mandatario comparó la visión del país con las trayectorias de Chile en la minería del cobre y de Bolivia en la búsqueda de hidrocarburos, y señaló que Paraguay debe entender el verdadero potencial de su subsuelo.
Respecto al uranio, Peña precisó que una empresa estadounidense ya posee derechos de exploración (posiblemente Uranium Energy Corp) y calificó la eventual extracción de este mineral como sencilla y poco nociva para el medioambiente, incluso proyectó el desarrollo de centrales nucleares de uso civil.
Para el Chaco en particular, el plan oficial contempla la prospección intensiva de gas y la consolidación de un gasoducto regional a través del Corredor Bioceánico que conecte las reservas de Vaca Muerta, Argentina, con el mercado de Brasil, además de un puente que conectará Pozo Hondo con Misión La Paz, que será financiado por el Estado.
Sin embargo, para ejecutar este plan, el presidente enfatizó la necesidad de promulgar nuevas leyes, y cuestionó los marcos regulatorios actuales por considerar que en el pasado se aprobaron normativas redactadas “para no hacer nada”. En este punto, el gobierno de Peña avizora una nueva confrontación con las organizaciones, que se oponen al cambio de la ley.
Reestructuración y proyecto Leite. El viraje extractivista se complementa con propuestas de reestructuración del aparato estatal. El mandatario planteó la necesidad de otorgar mayor visibilidad al actual Viceministerio de Minas y Energía, hoy dependiente de Obras Públicas, para trasladarlo al Ministerio de Industria y Comercio o transformarlo eventualmente en un Ministerio de Minas y Energía, con estatus de política de Estado.
A este impulso se suma la propuesta del senador cartista Gustavo Leite a través de su plan de reformas. Entre las diez medidas planteadas por el legislador, se propone declarar de interés estratégico la explotación intensiva del gas del Chaco mediante inversiones 100% privadas y esquemas de asociación (farm-out) con Petropar. La iniciativa contempla también la creación de una ley única para grandes proyectos energéticos y medidas destinadas a desafectar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de la gobernanza del Estado, con lo que restringe su incidencia en los procesos de emisión de licencias ambientales gestionados por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades).
La intensificación del discurso extractivista reavivó de inmediato el malestar y la resistencia de las organizaciones de la sociedad civil, ambientalistas e indígenas, escenario similar al desatado durante los intentos previos de modificar la protección de áreas silvestres.
La organización Iniciativa Amotocodie denunció que la “ambición extractivista” de Peña amenaza la integridad del Chaco. Advirtió que habilitar actividades extractivas en áreas sensibles como el Parque Nacional Médanos del Chaco podría desencadenar procesos irreversibles de erosión y desertificación en una región que ya padece una de las tasas de deforestación más elevadas del planeta.
Asimismo, la entidad cuestionó la falta del proceso de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado (CCLPI) a las comunidades indígenas Guaraní Ñandéva y a los grupos del pueblo Ayoreo en aislamiento voluntario, cuya supervivencia biológica y cultural depende del bosque.
Por su parte, la coalición Por Los Bosques recordó que el propio Mades emitió un dictamen técnico en contra de la flexibilización del régimen de protección de los Médanos del Chaco. Citó como puntos críticos la categoría de protección, ya que se trata de un parque nacional y reducir la protección de los Médanos contradice el principio ambiental de no regresión y debilita la seguridad jurídica; el impacto en compromisos internacionales, el Parque constituye la zona núcleo de la Reserva de la Biosfera del Chaco, reconocida por la Unesco, y se podrían romper acuerdos internacionales, y, finalmente, riesgo para el financiamiento climático, ya que se pone en riesgo la atracción de capitales de mercados de carbono y financiamientos como los 50 millones de dólares ya recibidos por Paraguay por resultados de deforestación evitada.
- “Peña habla de explorar recursos del subsuelo en medio de la fiebre extractivista por los Médanos”. Iniciativa Amotocodie, organización.
- 50 millones de dólares recibió Paraguay por deforestación evitada. Alertan que capitales podrían frenarse.
