“Hay una distribución inequitativa, por no decir injusta. Por ley se están reproduciendo desigualdades, con qué criterios se asigna el dinero a los municipios y las gobernaciones”, sostiene el especialista.
Es que la normativa indica que la asignación de los fondos que van a las comunas y gobernaciones sea de acuerdo a la distancia que presentan con respecto a las represas de las binacionales.
“Hay municipios que tienen más dificultades en su infraestructura educativa, particular y principalmente aulas y servicios sanitarios, tienen mucho más problemas y están proporcionalmente recibiendo menos recursos que otros que, no digo que no tengan problemas, pero tienen menos inconvenientes que otras instituciones”.
Ortiz remarca que el criterio debe ser exclusivamente educativo. Por ejemplo, tener en cuenta a la población escolar para repartir en proporción. “Pero es tener en cuenta la población escolar real, según la matrícula o el RUE (Registro Único del Estudiante) y también la población que está en edad escolar pero por algún motivo está fuera del sistema educativo”.
Manejo. Sobre quién debe manejar este fondo, para el investigador la discusión no está en la “centralización versus descentralización”.
Cree que el manejo debe seguir en manos de municipios y gobernaciones, pero con los lineamientos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), tanto en los proyectos como en dónde deben ejecutarse como prioridad.
En este punto también recomienda que se cambie la forma de distribuir el porcentaje que va destinado a los programas de alimentación escolar, actualmente debe destinarse sí o sí el 30% del total que reciben las municipalidades en cada periodo.
Comunas y gobernaciones reciben el 25% del total del Fonacide. Este total implica más de USD 300 millones anuales. “El problema que yo veo hoy es que la ley dice que del 25% que reciben estas entidades, un 50% se usa para infraestructura escolar, el 30% para alimentación y hay un 20% que no está claro para qué se usa, es como un fondo discrecional”, indica.
Asegura que este 20% debe ir también a alimentación escolar, así quedan 50% para obras escolares y 50% para merienda y almuerzo.
“Son dos cuestiones básicas que complementan la educación, por lo que creo que no debe cambiarse. Se debe seguir destinando a aulas y a alimento en las escuelas”.
Más control. Que los fondos no se descentralicen, pero que el control pase a manos del MEC es lo que sugiere Miguel Marecos, titular del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi).
“El MEC podría hacer los controles, la fiscalización de modo a que se cumpla la normativa in situ y en el momento, que en todo caso después pase a Contraloría”, comenta el sindicalista.
Lamenta que el Fonacide se convirtió en una suerte de fuente de corrupción para intendentes en todo el país.
Recuerda que días atrás presionaron a la Fiscalía General para que investigue a 54 intendentes con sospechas de mal uso de fondos según la Contraloría.
Una revisión total de la ley del Fonacide es lo que promueve el ministro de Educación, Luis Ramírez, quien vagamente también se refirió a la distribución de estos recursos, que no son con criterio educativo desde su creación.
