Si la intención del gobierno es confundir a la opinión pública, hay que reconocer que sus asesores son unos genios. Se requiere de mucho talento para convertir un proyecto vinculado con la provisión del almuerzo escolar en la madre de todas las sospechas. Lo que se anunció como un intento de eliminar el derroche y la corrupción de municipios y gobernaciones en la administración de los recursos destinados a la merienda de los estudiantes, devino mágicamente en más dinero para intendentes y gobernadores, y la promesa de cambiar la mismísima Constitución Nacional, resucitando innecesariamente todos los miedos sobre oscuras pretensiones –reales o imaginarias– de imponer la reelección presidencial.
Soy de los que quieren creer que el presidente Santiago Peña realmente pretende dar el primer paso hacia una transformación de la educación pública, garantizando que el hambre no sea la causa que impida que los niños aprendan. Tampoco me quedan dudas acerca de que el modelo vigente –que dejó en manos de intendentes y gobernadores la provisión del almuerzo o la merienda escolar– es un fracaso. El dinero destinado a ese fin es insuficiente, está mal distribuido y peor gastado. La comida no llega a quienes la necesitan, se tira donde no es necesaria, nadie puede garantizar su calidad y lo único seguro es que ha generado a lo largo de los años un número notable de contratistas y burócratas ricos.
El presidente tenía, pues, buenos argumentos para justificar un cambio radical del modelo. Y, de hecho, anunció su plan basándose en un informe de la Contraloría que –según explicó– da cuenta de la ineficiencia y corrupción observadas en la administración del almuerzo escolar, administración a cargo de intendentes y gobernadores. La primera inconsistencia, sin embargo, se presentó cuando a renglón seguido anunció que llevaría adelante el megaplán con las mismas gobernaciones, cuya gestión se ponía en dudas, dejando afuera a la más importante, la de Central, que casualmente está en manos de la oposición.
Quienes también quedaban excluidos eran los municipios, en su gran mayoría administrados por colorados. Era de suponer que, siendo casi todos del mismo partido del presidente, su salida hubiera sido negociada antes del anuncio. Notablemente, no fue así (salvo que todo fuera montado). Los intendentes alzaron su voz de protesta, forzaron una reunión con Peña y le obligaron a rever su posición, pero solo en lo que respecta al reparto de la plata.
Me explico. Los intendentes seguirán recibiendo el dinero destinado a la merienda escolar, pero podrán gastarlo en otras necesidades (supuestamente en reparar escuelas y colegios, lo que ya se había dicho que quedaba en manos del Ministerio de Obras Públicas). Si antes había pocas garantías del buen uso del dinero, ahora casi ninguna.
Pero la cosa no terminó ahí. Peña no solo les aseguró el ciento por ciento de los fondos que vienen mal administrando –siempre según el informe de la Contraloría que tanto había elogiado el presidente–, sino también anunció que impulsará cambios para que se queden con la totalidad de lo que recauda el impuesto inmobiliario. Otro bombazo.
Ocurre que la forma como se distribuye este impuesto está establecida en la misma Constitución Nacional. El gobierno anunció que la cambiaría mediante una enmienda constitucional. Para la enmienda se necesita que la mayoría absoluta de ambas cámaras del Congreso aprueben la modificación y que luego sea aceptada por la mayoría de los votantes en un referéndum. El problema es que la misma Constitución establece que no pueden ser sometidas a referéndum cuestiones relativas a los sistemas tributarios. Siendo así, el cambio prometido solo se puede hacer mediante una reforma constitucional, un proceso en el que, por supuesto, se abren las puertas para cualquier modificación, desde la reelección presidencial hasta la pena de muerte.
Así pues, la tierra quedó sembrada para que brote cualquier teoría de conspiración. Al final, los malos administradores de la merienda escolar recibirán más dinero, programas claves como el de becas e investigación quedan con financiamiento incierto y resucitaron los viejos fantasmas de la reelección. Definitivamente, si la intención del gobierno era confundir, su éxito es indiscutible.
