Un grupo de investigadores llevó a cabo un estudio sobre el impacto socioeconómico que tienen los Accidentes de Tránsito (AT) principalmente en la familia.
El proyecto también expone el aumento de vehículos en circulación y una escasa o nula capacitación de la población en seguridad vial, lo que conlleva, entre otros resultados, el aumento de los accidentes de tránsito con derivaciones sociales y económicas de gran impacto, en sólo en la familia sino también en la sociedad y el Estado.
Según la investigación, del total de las personas víctimas de accidentes de tránsito en estudio, solo el 8% de las mismas contaba con seguro médico y el 92% no tenían acceso a ningún tipo de seguro médico.
Los investigadores explicaron que el hecho registra un cambio en la canasta básica de consumo al que se ven forzadas varias familias, las cuales deben elevar su nivel de gasto haciendo necesaria que las víctimas y su entorno precisen de mayores ingresos.
“Sumado a lo expuesto está el nivel de endeudamiento en que incurren varias familias, pues es un indicador que sin una adecuada implementación de políticas públicas podría convertirse en una causa más de fomento a la pobreza”, revela.
En ese sentido, los profesionales señalaron que la estimación del impacto económico que generan los accidentes de tránsito en la economía del Paraguay es de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) aproximadamente.
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El estudio resalta que la población más expuesta a los accidentes se encuentra en la franja etaria de 15 a 35 años.
Secuelas
Asimismo, menciona que las personas entrevistadas presentaban secuelas visibles del accidente de tránsito e identifican pérdida en la funcionalidad, a pesar de asistir y contar con algún tipo de tratamiento para rehabilitar las distintas áreas afectadas por el accidente (columna vertebral, miembros inferiores/superiores, cabeza, entre otros).
A raíz de esto, explica que la situación laboral es uno de los factores más sensibles a los accidentes de tránsito y que el 58% de la víctima dejaron de trabajar, lo que significa que quedaron sin ingresos.
“Este es un tema que requiere de la implementación de Políticas Públicas con un abordaje integral que contemple los efectos emocionales en las victimas que dejan de aportar ingresos y se constituyen en una fuente de gastos”, detalla.
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El proyecto recibió G. 394 millones por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Programa Prociencia con apoyo del El Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).
