César Cabrera | cecabrera@uhora.com.py
Estudiar una carrera en la UNA demanda una inversión anual que, dependiendo de la que se elija, puede variar. Semanas atrás se conoció que el Gobierno Nacional recortó el presupuesto de la UNA para el 2018 en el proyecto presentado al Congreso.
La ministra de Hacienda, Lea Giménez, alegó que en realidad fue un sinceramiento del presupuesto, ya que la casa de estudios en el 2017 no ejecutó la totalidad de su presupuesto. Luego de reunirse con la Bicameral del Congreso, planteó una reforma de la Ley de Aranceles, promulgada en el 2016, para que se cobre algún tipo de tasa de manera progresiva “a los estudiantes de la UNA de familias pudientes”. “Un arancel justo, que se cobre solo al que puede”, manifestó Giménez.
Esta normativa fijó un tope arancelario, que ya en su momento creó polémica, ya que las autoridades de la UNA aseguraron que se dependía mucho de los ingresos por aranceles. La ley fue aprobada en el 2016. Pero el panorama no cambió mucho con dicha ley.
Una de las personas que levantó su voz de protesta fue Liz Guillén, una estudiante de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes (FADA- UNA). Explicó que puso más de G. 4.700.000 en un solo semestre.
Una de las facultades más accesibles es la de Filosofía, ubicada en Sajonia, zona de Itá Pytã Punta. Pero de entrada hay que desembolsar G. 700.000 para el cursillo de ingreso y luego pagar el derecho a examen. En un año, de acuerdo a las averiguaciones realizadas, un estudiante invierte G. 1.440.000, que incluye matrícula, derecho a examen final, pasaje o combustible, comidas, libros y fotocopias.
En el caso de estudiar en facultades como la de Ciencias Médicas o Ingeniería, la inversión sube a G. 11.287.000 y G. 5.645.000, respectivamente.
La medida del Ejecutivo motivó que la UNA se declare en paro administrativo y académico por una semana a fines de noviembre, mientras el Hospital de Clínicas, dependiente de Ciencias Médicas, endureció las protestas cerrando Mariscal López. El viernes se levantaron las movilizaciones, luego de conseguir un acuerdo con el Ministerio de Hacienda.
Guillén sostuvo sobre el tema de que las “personas pudientes” paguen aranceles progresivos, que el derecho a la educación pública “es inalienable, no interfiere en ello la condición económica, social y religiosa”. En ese sentido, cuestionó que se plantee que una persona de familia bien posicionada pague más, en vez de una reforma impositiva para que los sojeros y tabacaleras paguen más. (NdeR: El Congreso aprobó aumentar el impuesto al tabaco, solo falta la decisión del Ejecutivo).
La estudiante afirmó que “la educación es un bien público y un derecho humano. “El presupuesto debe amparar estos puntos de manera eficiente y satisfactoria y están por encima de los partidos políticos, los subsidios a transportistas, los altos funcionarios, los parlamentarios y las exoneraciones a empresarios y sojeros”, expresó.
