La fiscala Gladys González quien encabezó el procedimiento manifestó a NPY que buscaron documentos que guarda relación con el hecho punible de estafa y que se constituyeron en el domicilio del oficial de Justicia Carlos Irala.
“Empezamos a buscar documentos de contratos, sellos, ordenadores, equipos informáticos. Hemos encontrado mucha documentación y procedimos a la incautación”, expresó.
Dijo que Irala cuenta con una orden de captura porque según la investigación, el hombre es abogado, ex funcionario de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) que también fungía de oficial de Justicia.
🔴 Incautan equipos tecnológicos en la vivienda de un oficial de justicia, presuntamente involucrado en el esquema de estafa masiva en una playa de vehículos.
— NPY Oficial (@npyoficial) March 20, 2024
🗣️"Ingresamos a la vivienda y no estaba nadie. Buscamos documentos, sellos, ordenadores y equipos informáticos que vamos… pic.twitter.com/wt7xC6AUcn
Comentó que cada vez se encuentran con más causas e ingresan más denunciantes por lo que instó a todas aquellas personas que se sientan víctimas de este hecho a que denuncien.
En el marco de la investigación fue imputado el juez de Paz de Chaco’i Jorge Franco, pero no puede ser detenido aún porque aún no fue desaforado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Viviendas del juez también fueron allanadas
En la mañana de este miércoles primeramente se allanó una propiedad del juez de paz de Chaco’i, Jorge Franco, ubicada en Villeta, donde se observó una lujosa casa de descanso. El procedimiento continuó en su vivienda en el barrio Hipódromo de Asunción.
Si bien se encontraba en el lugar junto con su esposa, la policía no lo pudo detener. “Por su calidad de juez goza de fueros y nuestra legislación establece que solamente en caso de ser flagrante comisión de hechos punidos se establece la detención. En este caso no fue así”, explicó Gladys González, una de las fiscalas.
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El magistrado aparentemente está involucrado en el esquema de megaestafa a través del Complejo Steven Automotores, que hasta ahora registra 68 víctimas. Como cabecilla fue identificado Denis Steven Bareiro, propietario de la playa de autos ubicada en Ñemby.
Ambos están imputados, al igual que Marcelo Mereles Medina, Carlos Bareiro Benítez, Reinaldo Bordón Duisit (ujier), Carlos Yrala Fernández (oficial de Justicia) y Gabriela Noemí Gaona (actuaria judicial).
Modus operandi
De acuerdo a la investigación, la organización criminal estableció un esquema de venta de automóviles por contrato privado y pagos en cuotas, “con la intención de volver a recuperar lo vendido”.
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Si los clientes se atrasaban en el pago unos días, hasta inclusive la primera cuota, iniciaban un juicio por incumplimiento de contrato y medida cautelar de urgencia en el Juzgado de Chaco’i, donde Jorge Franco emitía la orden de secuestro del automóvil, que además tenía sistema de GPS para localizarlo.
En uno de los casos, pidieron a una mujer entregar G. 17 millones más para devolverle su vehículo secuestrado.
