18 jun. 2024

Estafa masiva: Fiscalía allana la casa del dueño de una playa de vehículos

La Fiscalía allanó en la tarde de este lunes la vivienda del dueño de una playa de vehículos ubicada en Ñemby, tras supuestas estafas a unas 68 personas.

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La fiscala Lourdes Bobadilla, a cargo de la Unidad 3 de Ñemby, allanó en la tarde de este lunes la vivienda de Steven Bareiro Chávez, dueño de la playa de vehículos Steven Automotores.

Foto: Captura de video Telefuturo.

La fiscala Lourdes Bobadilla, a cargo de la Unidad 3 de Ñemby, allanó en la tarde de este lunes la vivienda de Steven Bareiro Chávez, dueño de la playa de vehículos Steven Automotores, que supuestamente estafó a 68 clientes, de quienes secuestró sus vehículos.

En la vivienda no fue localizado el hombre, quien ya fue imputado por supuesta estafa y cuenta con orden de detención.

En el marco de la investigación, la Fiscalía ya formuló imputación contra Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chaco’i-Nueva Asunción, y Gabriela Noemí Gaona Benítez, actuaria judicial del mismo juzgado, por la supuesta comisión del hecho punible contra el ejercicio de las funciones públicas, prevaricato y asociación criminal.

Lea más: Policía investiga supuesta estafa masiva de una playa de vehículos

En conversación con NPY, la fiscala dijo que tiene suficientes elementos para sospechar que el juez conjuntamente con su actuaria y el oficial de justicia, Carlos Irala, quien era el mismo abogado que tramitaba las causas que ingresaban al Juzgado, formaban un grupo “que operaba para delinquir”, en el sentido de que se hacían de documentos para el secuestro de los rodados de las víctimas.

“Inclusive, llegamos a sospechar que eran firmas apócrifas del juez de Paz. Sin embargo, lo que verificamos es que existían 68 expedientes que tenían que ver con la venta a crédito de vehículo automotor, específicamente de Steven Automotores”, expresó.

Nota relacionada: Víctima de estafa denuncia a Juzgado por el secuestro de su vehículo

La fiscala remitió los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) para que disponga el desafuero del juez y solicitó para el mismo la aplicación de medidas cautelares, tales como el arresto domiciliario, la prestación de fianza real adecuada, la obligación de presentarse ante el Juzgado los primeros días de cada mes y la prohibición de salir del país.

Franco Garelik y Gaona Benítez, en carácter de juez y funcionaria del Juzgado de Paz de Chaco’i, respectivamente, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro, violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles.

El 5 de agosto pasado, en la playa de ventas de vehículos Steven Automotores, ubicada sobre las calles Acceso Sur casi Mangore de Ñemby, Natalia Bareiro Spurio, adquirió un vehículo, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y con un saldo pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS).

El primer vencimiento de la cuota fue el 10 de setiembre de 2023 y la mujer firmó un contrato privado con Carlos Alfredo Bareiro Benítez en representación de Denis Steven Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la escribana Olga Valentina Insaurralde.

La mujer se habría atrasado en el pago de su primera cuota y el 2 de octubre de ese mismo año llegó hasta su domicilio el oficial de Justicia, Carlos Irala, con una orden de secuestro, firmado por el juez y la actuaria judicial.

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Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó a la playa de vehículos, pensando que al pagar la cuota le entregarían su auto, pero en el lugar le solicitaron la entrega de G. 17 millones.

Luego, ante la negativa de la misma, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor de Denis Steven Bareiro Chávez, lo cual se negó nuevamente a firmar y en un descuido, tomó una fotografía del contrato. Asimismo, se negaron a entregarle el vehículo o la entrega de dinero que realizó como parte de pago y los pagarés originales que había firmado cuando adquirió el rodado.

La Fiscalía menciona que hay indicios de que es una agrupación destinada a crear expedientes judiciales con procesos irregulares, sin dar cumplimiento a lo que establece la forma de la demanda del Código Procesal Civil y trámites procesales, con la intención de engañar y obtener beneficios económicos para cada uno de los integrantes de dicha organización.

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