El juicio por coacción fue iniciado a raíz de una amenaza del extranjero de mandar a matar al periodista, quien se desempeña como jefe de prensa de Villarrica Cable Visión.
El juicio oral y público fue llevado adelante por un tribunal conformado por los jueces Porfirio Martínez, Julio Alfonso y Víctor Ortigoza.
El Tribunal le impuso a Castro una pena de dos años de privación de libertad, con suspensión a prueba; además, debe donar G. 5 millones a los bomberos negros de Villarrica, y G. 5 millones al Hogar de Niños Tesape Porã. También, debe arreglar tres plazas de la ciudad. No debe acercarse ni contactar con la víctima, no puede salir del país y debe firmar el libro de comparecencia una vez al mes en el Juzgado; tampoco puede portar armas.
Tras culminar el juicio, la víctima expresó que este es el primer caso de un amedrentamiento a la libertad de prensa que llega a instancias judiciales. “Se llegó a un juicio oral y se comprueba que amedrentar, amenazar o coaccionar a un periodista para que deje de hacer su trabajo es un delito de acción penal pública y el Estado castiga. Este es un mensaje para toda la sociedad y aquí se sentó un precedente”, manifestó.
El periodista afectado manifestó que en el canal donde trabaja se publicaron informaciones sobre Castro, quien dijo ser concejal del Ayuntamiento de Mollet del Vallés, España, y nexo de un grupo empresarial que iba a donar supuestamente G. 6.000 millones a la Municipalidad de Villarrica para construir una nueva terminal de ómnibus. Sin embargo, tras una serie de investigaciones descubrieron que aquello en realidad era mentira, lo cual había enojado al ciudadano español.
Luego lo citó en una cafetería para hablar del caso; entonces se habría enojado, golpeó la mesa, empujó la silla y, según Ortiz, antes de retirarse le dijo: “Te veo en la calle y te mato, te juro que te mato”. Luego radicó una denuncia en la comisaría local.
Un colega suyo le hizo llegar al periodista un audio del español donde se escucha que pagó G. 7 millones para matarlos a él y a la fiscala Sussy Riquelme, que él mismo habría reconocido.
Por su parte, el abogado Jesús González, defensa del extranjero, indicó que no se encuentra conforme con la sentencia y adelantó que recurrirá a una apelación.
