De acuerdo con la información publicada por medios de Colombia, una comitiva de agentes de la Fiscalía y de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) habían arribado a este país con la intención de entrevistar a los principales implicados: Francisco Luis Correa (testigo clave), los hermanos Andrés y Ramón Pérez Hoyos y Margareth Lizeth Chacón. Se informó asimismo que además de los agentes de la DEA, llegó a Colombia una fiscala del distrito del sur de la Florida, Estados Unidos para abrir la nueva arista a la investigación.
Como bien señala el abogado colombiano Francisco Bernate, que representa legalmente a la familia Pecci en Colombia, con sus recursos, Estados Unidos podrá ayudar a resolver el crimen del fiscal Marcelo Pecci, y que es posible que EEUU consiga la extradición de los sicarios condenados, sobre todo, si se determina que los móviles del asesinato tienen que ver con investigaciones relevantes para Estados Unidos, pero aclaró el abogado que esta sería “la última esperanza”, para esclarecer quién fue el mandante del crimen.
El crimen ocurrido en Colombia, el 10 de mayo del 2022, movió rápidamente a la Justicia de este país, y actualmente los implicados ya han sido condenados, aunque todavía no ha sido posible determinar la identidad de la persona que dio la orden para el asesinato.
Precisamente es en este punto en el que la investigación ha tenido un nulo avance.
Durante la pesquisa, el testigo estrella de la Fiscalía colombiana apuntó a que la orden del crimen había salido de Paraguay; Francisco Correa Galeano había dicho que el homicidio ocurrió por supuesta retaliación (represalia), porque tiempo atrás se le había detenido al hermano de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, y también se había generado molestia al ex presidente, Horacio Cartes.
Nuestro fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, dejó prístinamente claro cuando afirmó que, es “realista” al dar pocas chances de esclarecer crimen de Pecci, y que los investigadores paraguayos solo cuentan con el testimonio que había dado el testigo de la fiscalía colombiana.
Después de casi dos años del crimen del fiscal especializado contra el Crimen Organizado, se hace evidente la falta de interés y de compromiso de la Justicia paraguaya. Pero, también hay otro aspecto a considerar, y es lo que se describe como “gobernanza criminal” que es la forma en que los grupos criminales someten a la ciudadanía y al Gobierno al miedo, imponiendo reglas y condicionando el accionar de las instituciones.
El crimen de Marcelo Pecci fue el mensaje enviado por el crimen organizado.
Hoy, la Justicia paraguaya debe demostrar si el mensaje se entendió de esa manera o nos encontramos en una encrucijada de complacencia y complicidades en donde –lamentablemente– encontramos a autoridades policiales, judiciales, políticas y militares.
Porque es inconcebible que mientras otros países hayan mostrado interés y efectividad en el esclarecimiento del caso, en Paraguay la Justicia pasó de una indignación inicial, homenajes, discursos y lágrimas, a la indiferencia y el olvido.
