Las intervenciones a los municipios de Ciudad del Este y Asunción no deben dar cabida a ningún tipo de sospecha sobre los resultados de las auditorías. Las evidencias tienen que hablar por sí solas. Que no sea una oportunidad para dañar políticamente a uno y blanquear a otro. Que se realicen con transparencia para que quede indemne la credibilidad. Que prevalezca un trabajo eminentemente técnico-jurídico, sin politiquería. Y que mientras los municipios estén bajo intervención, que funcionen con toda la normalidad requerida.
Se inician las intervenciones a los municipios de Ciudad del Este y Asunción. Ayer se hizo efectiva en la capital del Alto Paraná, en donde asumió como interventor Ramón Ramírez y queda suspendido como intendente Miguel Prieto.
En tanto hoy debe tomar las riendas de la Comuna asuncena, Carlos Pereira y, por ende, también mientras se realice la intervención, Óscar Rodríguez dejará de ser el administrador de la Intendencia.
Una gran responsabilidad tienen ambos interventores porque deben esclarecer la situación administrativa y financiera en que quedan las instituciones.
Hay que mencionar que Camilo Benítez, contralor general de la República, había pedido la intervención de dichos municipios por “graves irregularidades” en ambas gestiones.
La administración de Prieto, según la Contraloría, “presenta serias falencias en la ejecución del presupuesto municipal”, y esto pone en riesgo su patrimonio e impide el efectivo control.
Uno de los documentos que están bajo la lupa es el informe sobre transferencia de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este, en apoyo a la actividad llamada Navidad Sustentable en el ejercicio 2023.
En lo que respecta a la Municipalidad de Asunción, menciona supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre 2021 y 2024.
Se refirió a la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones, realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, generados para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.
Una vez que culminen las verificaciones in situ, los interventores elaborarán un informe que se enviará a la Cámara de Diputados, que deberá expedirse finalmente sobre los dos intendentes.
Los interventores no deben dar cabida a ningún tipo de sospecha sobre las auditorías a realizar.
Las pruebas documentales y evidencias en general son las que tienen que hablar por sí solas, sin ningún tipo de maniobras administrativas o subjetivismos a favor o en contra de las autoridades intervenidas. Que no sea una oportunidad para dañar políticamente a uno y blanquear a otro. Que se pongan todas las cartas sobre la mesa, y que la auditoría se realice con transparencia para que quede indemne la credibilidad, que constituye el mejor aliado en estos casos.
Debe prevalecer un trabajo eminentemente técnico-jurídico, sin intromisión de la politiquería o las maniobras perversas, que tanto daño ya han hecho a las instituciones de la República a lo largo de su historia.
Se debe ver un trabajo serio, profesional, sin que influya el color o la vinculación política a la que pertenecen los interventores o los afectados.
Que ninguna mano negra interfiera en la tarea que deben llevar a cabo Ramírez y Pereira. Si existen presiones políticas, que sean capaces de denunciar a los responsables de estos atropellos y que hagan valer el trabajo técnico, del cual ellos mismos hablan.
Y que mientras los municipios estén bajo la intervención, que funcionen con toda la normalidad requerida por el ciudadano, incluso si pueden mejorarlo, que así sea.
El contribuyente, ávido de que se le preste un buen servicio, estará muy expectante de las tareas que se realicen en estas instituciones, porque al final de cuentas son sus impuestos los que mantienen a los municipios. El funcionario se debe al ciudadano y es hora de que así se entienda. Y que no se debe hacer más vito con el dinero del pueblo.
