El Instituto de Previsión Social (IPS) continúa acumulando situaciones graves que exponen ante la población las serias deficiencias de gestión. La semana se inició con el escándalo por la grave humillación a jubilados y pensionados, apenas días después de haber superado una crisis por las renuncias masivas de cirujanos. Las dificultades para agendamiento, la falta de camas y las largas esperas para estudios básicos y especializados son el pan de cada día. Son inaceptables la indolencia de las autoridades y el sistemático maltrato a los asegurados.
El Instituto de Previsión Social no deja de ser tema de debate y reclamos en estas últimas semanas. Apenas superada la crisis por las amenazas de huelga de anestesiólogos y después de la renuncia masiva de cirujanos pediátricos, la entidad decidió comenzar a implementar el control denominado fe de vida para jubilados y pensionados. Aunque las razones para realizar el citado control puedan ser válidas e indiscutibles, es inevitable cuestionar duramente el arcaico método elegido para ponerlo en práctica.
El pasado lunes centenares de jubilados y pensionados del IPS se vieron obligados a vivir un verdadero vía crucis, cuando debieron presentarse a demostrar en persona que siguen con vida, requisito para poder seguir cobrando sus haberes. Así es que acudieron en masa al Parque de la Salud, apoyados en bastones, en silla de ruedas y algunos incluso encamados, para obtener el certificado de fe de vida. El plazo, que expiraba este 30 de agosto, tras las duras críticas al procedimiento, fue prologado hasta el 1 de setiembre.
En un comunicado expresaron que los métodos para el control seguirán siendo los cruces e intercambios de información contenidos en bases de datos de organismos oficiales, entre ellos los ministerios de Tecnología de la Información y Comunicación, Salud Pública, la Dirección del Registro del Estado Civil, Tribunal Superior de Justicia Electora, Sistema de Beneficios de Largo Plazo y el Sistema Informático Hospitalario (SIH). También señalaron que buscarán una solución tecnológica tendiente a la validación de la sobrevivencia. Sin duda, es lo que corresponde, considerando el maltrato a los jubilados y pensionados; por ellos y por el derecho a que sean respetados los derechos y la dignidad de trabajadores y trabajadoras, es urgente y necesario que hallen rápidamente una alternativa que sea más eficiente y operativa.
1Además de estos hechos mencionados y en forma simultánea, continúan las cotidianas situaciones que exponen la deficiente atención que reciben los asegurados del IPS. Siguen las filas y las largas esperas para obtener turnos con especialistas y para realizar estudios, lo mismo que continúan faltando medicamentos e insumos.
La ineficiencia de la gestión también se manifiesta en otros aspectos. Como publicara recientemente Última Hora, el IPS viene acumulando hasta seis meses de deudas por los servicios de seguridad a la Policía Nacional, ya que la Previsional paga G. 2.000.000 por cada personal que resguarda los hospitales en Capital, Central e interior, mediante un convenio firmado en 2019. De esta manera, se estima que la deuda podría ser más de cuatro mil millones de guaraníes.
Otra reciente publicación de ÚH revela un informe de la Contraloría General de la República sobre una auditoría de cumplimiento a las jubilaciones y pensiones del Instituto, que revela irregularidades en la administración del periodo 2022 al 2023, gestión de Vicente Bataglia. Las principales anomalías refieren la existencia de 743 inmuebles que no generan renta, siendo el valor de estos G. 543.522.937.002 (USD 71.516.176 al cambio actual). Esto podría, sin duda, impactar negativamente en el fortalecimiento económico del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones. La Contraloría halló también inmuebles clasificados como “improductivos disponibles”; vale decir que no generaron renta, y otros inmuebles clasificados como “ocupación precaria no disponible”.
El maltrato que sufren los asegurados del Instituto de Previsión Social es inaceptable, pues tienen derecho a acceder a servicios eficientes. No se pueden sostener estas situaciones, ni seguir arriesgando los fondos jubilatorios, ni privar a los trabajadores de una atención digna y de calidad.
