El Instituto de Previsión Social ha comenzado desde ayer a implementar un primitivo sistema para realizar el control de sobrevivencia de jubilados y pensionados. Es así que los jubilados llegaron hasta el Parque de la Salud en la capital para demostrar que “siguen vivos” y obtener un certificado de fe de vida; el plazo para obtenerlo vence el 30 de agosto. Es muy lamentable que el IPS siga maltratando a sus asegurados, y en este caso, a una población que después de haber aportado durante toda su vida laboral merece respeto.
En pleno siglo XXI, en la era digital, en la que hay un notable dominio de la tecnología y las comunicaciones, en todos los ámbitos de la vida económica y social, el IPS ha resuelto que los jubilados y pensionados se presenten para demostrar presencialmente que siguen con vida, y de esta manera poder obtener la denominada fe de vida. Este documento que se deberá actualizar cada tres meses les habilitará para que puedan cobrar sus haberes.
El primer día de implementación del arcaico sistema fue un verdadero caos. Desde tempranas horas en una fría mañana, se formó una larga fila de jubilados a la intemperie en el Parque de la Salud del IPS, en el barrio Trinidad de Asunción. Para realizar el trámite de actualización, cientos de personas de la tercera edad se vieron expuestas no solo a las bajas temperaturas, sino también a las incomodidades y la falta de condiciones para quienes apenas podían movilizarse de forma independiente.
El año pasado, la entidad había suspendido temporalmente el plazo para el control de sobrevivencia –más conocido como fe de vida– de manera presencial de los jubilados y pensionados, medida que se había tomado durante la pandemia por cuestiones sanitarias. El IPS había anunciado la implementación de “soluciones tecnológicas de última generación, que permitan la validación de fe de vida de los jubilados y pensionados, de manera práctica, cómoda y sencilla, que a su vez contengan las medidas de seguridad adecuadas”, según rezaban los argumentos de la resolución y que solo quedaron en los papeles.
El Consejo de Administración estableció la obligatoriedad del control de sobrevivencia en los centros médicos y administrativos; de esta manera los jubilados y pensionados deberán hacerlo cada tres meses, para “confirmar su derecho a seguir percibiendo los beneficios correspondientes”. El IPS advierte que de no realizar esta verificación dentro del plazo establecido, el pago de los beneficios será suspendido.
El principal fundamento de las críticas al control iniciado se refiere no al control, sino al sistema que eligieron para hacer las comprobaciones.
En una jornada particularmente fría, centenares de jubilados, personas de la tercera edad, se vieron obligados a vivir un verdadero calvario al tener que formar fila para demostrar en forma presencial que siguen con vida. Desde diferentes ciudades llegaron hasta el Parque de la Salud en el barrio Trinidad, algunos con evidentes dificultades de movilidad y otros incluso encamados o con discapacidad realizaron un enorme esfuerzo para hacer un trámite de minutos.
Entre los testimonios que Última Hora logró entre los jubilados y pensionados hubo quejas, pues no había médicos disponibles durante el trámite cuando había personas enfermas expuestas al frío, sin lugares donde acomodarse, con problemas de presión arterial, debido a lo cual hubo descompensados. Un jubilado visiblemente molesto opinó: “No tienen pienso esta manga de idiotas. Tienen que ir a la calle. Esto es una falta de respeto. Esta es la humillación. Este presidente inútil y todo el Consejo se tienen que ir. Un simple software no pueden hacer”. Por otro lado, una abuela de 92 años expresó su frustración y no pudo contener el llanto: “Para estas cosas me molestan. Es injusto. No puede ser esta cosa (...) Para los jefes hay dinero, nosotros, ni remedios podemos retirar”, exclamó.
El maltrato a que están siendo sometidas estas personas es intolerable, cuando es evidente que el IPS no ha sido capaz de configurar un sistema más amigable y respetuoso para que las personas mayores puedan atestiguar su derecho a seguir percibiendo sus haberes.
