En la sesión ordinaria virtual de la Cámara de Senadores se trató este jueves el proyecto de resolución que encomienda a la Contraloría General de la República a efectuar auditorías sobre el uso de los fondos de responsabilidad social, empresarial, socioambiental y otros, ejecutados por las binacionales Itaipú y Yacyretá.
El pleno de legisladores presentes decidió acompañar la propuesta de forma unánime con 42 votos a favor.
Los senadores Enrique Bacchetta (ANR), Blas Llano (PLRA), Patrick Kemper (Hagamos), Fidel Zavala (Patria Querida) y Esperanza Martínez (Frente Guasu) fueron los firmantes proponentes del documento.
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Llano y otro legislador liberal, Enrique Salyn Buzarquis, coincidieron en sus alocuciones que las binacionales no son “un Estado dentro de un Estado”.
“Es importante que los fondos de las binacionales sean de conocimiento público. Una cosa es que sepamos montos, otra diferente es que sepamos qué monto fue destinado a qué institución (...). Auditar los recursos de las binacionales va a ser un paso importante”, resaltó Buzarquis.
El proyecto original contempla auditar los fondos de Itaipú y Yacyretá en el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de agosto de 2018 hasta la aprobación de la presente resolución.
Incluye auditoría a administraciones anteriores
El primer artículo del proyecto que apunta a qué periodo de tiempo iba a ser auditado ocasionó un largo debate en el Senado. Sobre este punto, el senador colorado Martín Arévalo fue el primero que planteó una modificación.
Aprovechó para proponer la inclusión de la auditoría de los recursos de las binacionales de los periodos de administración de Horacio Cartes, Federico González y Fernando Lugo. Rodolfo Friedmann se sumó a la moción, pidiendo la auditoría desde la fecha de creación de los gastos sociales, desde 2005.
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Blas Llano se rectificó sobre el punto y manifestó que el proyecto no pretende “joderle a la administración de Mario Abdo, Cartes ni Lugo”, dijo Llano.
“Esto tiene que ver con el tema de en qué se usaron los recursos de los gastos sociales en cuatro meses en el 2021, porque nos dicen que ya no hay esos recursos, porque nos dicen que son residuales, y en síntesis dicen que ya no hay mucha plata”, agregó.
No obstante, no se llegó a un consenso sobre el punto. Lo cierto es que Amado Florentín solicitó modificar el artículo 1 estableciendo la auditoria desde el 15 de agosto de 2018 hasta la fecha de la resolución en un plazo de 60 días. Llano se allanó, pero Florentín de inmediato retiró de nuevo su propuesta.
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La misma propuesta de Florentín se puso a consideración del pleno a pedido de Georgia Nani Arrúa (PPQ) y obtuvo la aprobación por mayoría de votos.
Posteriormente, se aprobó un nuevo artículo tras otro pedido del mismo Florentín, que establece que una vez culminado e informado lo encomendado, se encomienda la auditoría del año 2010, 2013, 2017 y hasta el 14 de agosto de 2018.
El proyecto de resolución quedó aprobado por la Cámara de Senadores con estas modificaciones y fue derivado a la Contraloría para que dé cumplimiento a la encomienda de la Cámara Alta.
