El mes de abril pasado, Naciones Unidas difundió el Informe de Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2024, subtitulado, la Financiación para el Desarrollo en una Encrucijada.
Este informe advierte que se necesitan 4.2 billones de dólares anuales de inversión para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, frente a los 2,5 billones de dólares que se necesitaban antes de la pandemia de la COVID-19.
A lo anterior, se suman los desafíos del entorno, que hoy día enfrentan los países, que tienen que lidiar entre factores externos, como los conflictos bélicos y la triple crisis planetaria: el Cambio Climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación, así como, con factores más internos como el endeudamiento, la inflación y la desigualdad, a la hora de priorizar y asignar los recursos públicos para el desarrollo nacional.
Por ello, la gestión pública debe estar en capacidad de asegurar una efectiva producción y provisión de bienes públicos, dentro de las restricciones fiscales inherentes al entorno. Es decir, que cuando las alertas están puestas en la insuficiencia de recursos, la atención debería enfocarse en el uso pertinente y eficiente de los mismos, si el objetivo es asegurar un desarrollo sostenible en los territorios y poblaciones, redistribuyendo los retornos que el Estado pueda percibir de la actividad económica.
Bajo esta lógica, UNOPS y la Entidad Binacional Itaipú, en los últimos dos años han ejecutado 14 proyectos que suman US$77.6 millones. En estas operaciones, la participación del sector privado ha sido fundamental, en tanto proveedores de bienes con estándares de calidad en sectores como educación, salud, producción agrícola, infraestructura y servicios tecnológicos.
Cuando los oferentes perciben la existencia de un marco propicio de participación en procesos competitivos, su contrapartida no es otra sino el “compliance” ya no solo desde la perspectiva del riesgo, sino también de su responsabilidad social. De ahí, que lo que podría ser una simple participación en una licitación pública, se convierte en una oportunidad de aportar valores agregados que reflejan el compromiso de las empresas con objetivos sociales que van más allá de la maximización de ganancias para sus accionistas.
Esta fue la experiencia más reciente en la que UNOPS y la Itaipú Binacional, lograron comprometer a seis empresas en la provisión de siete tipos de equipos diferentes, como resultado de una licitación en la que participaron 12 oferentes de la manera más eficiente, eficaz, transparente y responsable posible.
La participación de cada uno de los oferentes se dió bajo reglas claramente establecidas, con una hoja de ruta bien definida y en una óptima línea de tiempo. La competencia efectiva dió como resultado un ahorro promedio del 19%, con relación a los precios de referencia o de mercado, equivalente a USD 3.4 millones. Estos proveedores, además de generar utilidades, terminan apoyando al Estado en la provisión de equipos de calidad reconocida, con respaldo técnico y transferencia de capacidades a los operadores finales en el uso y mantenimiento de dichos equipos.
Con una inversión de US$18.2 millones, el Gobierno Nacional llega a los 17 departamentos del país, fortaleciendo la capacidad de gestión territorial de igual cantidad de gobernadores, que ahora quedan mejor posicionados para responder a las necesidades y demandas sociales, de conectividad de sus comunidades a través de mejores caminos y vías, de seguridad vial, de gestión de desechos sólidos y reducción de riesgos de desastres. De esta forma, una gestión pública justa y equitativa, asegura que los recursos sean asignados y utilizados enfocados en el mejor valor de la inversión pública.
Con esta alianza, el Sistema de Naciones Unidas en Paraguay consolida su condición de socio del desarrollo sostenible del País y reafirma el compromiso, con la entrega de bienes públicos de forma transparente, en tiempo, calidad y con un valor sostenible.
Al final, una forma de encarar la encrucijada del financiamiento para el desarrollo sostenible que viven los países a nivel mundial, y de la cual no escapa Paraguay, es logrando mayor eficiencia, pertinencia, efectividad, transparencia e integridad, diversidad, inclusión, participación y competencia abierta del sector privado, excelencia en el servicio público e innovación tecnológica en la gestión de proyectos financiados con recursos públicos. En esta experiencia se logró construir un marco de confianza entre proveedores, Estado y Naciones Unidas, para construir juntos, las bases de un futuro mejor en donde nadie se quede atrás.
